EEUU advierte que tomará medidas si políticos haitianos desestabilizan el país

Estados Unidos advirtió el miércoles por la noche al consejo de transición que dirige Haití que no haga cambios en el gobierno del devastado país, al tiempo que aumenta la presión sobre el organismo no electo para que avance hacia las primeras elecciones en una década.

En un comunicado publicado en X, la embajada estadounidense en Haití escribió que “Estados Unidos considerará que cualquier persona que apoye tal iniciativa desestabilizadora y que favorezca a las pandillas estará actuando en contra de los intereses de Estados Unidos, la región y el pueblo haitiano, y tomará las medidas apropiadas en consecuencia”.

La embajada estadounidense agregó que esa maniobra socavará los esfuerzos para establecer “un nivel mínimo de seguridad y estabilidad” en Haití, donde la violencia de las pandillas crece y la pobreza se agrava.

El comunicado se emitió al tiempo que algunos miembros del consejo están en desacuerdo con el primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé, aunque de momento no queda claro por qué. El consejo se reunió a puerta cerrada el miércoles.

Un portavoz de la oficina del primer ministro dijo que no podía hablar sobre la situación. Los siete miembros del consejo con poderes de voto no respondieron a los mensajes en que se les solicitaron comentarios.

Por su parte, Laurent Saint-Cyr, el líder del consejo, dijo en un comunicado que se opone a cualquier intento de socavar la estabilidad del gobierno antes del 7 de febrero, cuando el consejo está provisionalmente programado para renunciar.

“A medida que se acercan importantes plazos institucionales para la Nación, cualquier iniciativa que pueda avivar la inestabilidad, la confusión o una ruptura de la confianza conlleva serios riesgos para el país”, escribió. “Haití no puede permitirse tomar decisiones unilaterales o involucrarse en cálculos políticos a corto plazo que comprometerían la estabilidad y continuidad del Estado, así como el bienestar de la población ya duramente probada”.

Consejo no electo fue puesto a cargo para calmar el caos

Es un nuevo episodio en años de caos político que estalló luego que el último presidente electo de Haití, Jovenel Moïse, fuera asesinado en su casa en julio de 2021.

El consejo ha sido una de las principales autoridades del país desde abril de 2024, cuando fue creado con la ayuda de líderes caribeños después que poderosas pandillas tomaran el control del principal aeropuerto internacional de Haití y dañaran infraestructura estatal clave en una serie de ataques sin precedentes que finalmente llevaron al ex primer ministro Ariel Henry a renunciar.

El consejo fue el encargado de seleccionar al primer ministro de Haití en un intento de dar rápidamente algo de estabilidad al atribulado país.

Fils-Aimé es la tercera persona elegida por el consejo. Empresario y exjefe de la Cámara de Comercio e Industria de Haití, fue nombrado en noviembre de 2025 luego que el consejo despidiera al líder anterior, Garry Conille.

Se supone que el consejo debe renunciar para el 7 de febrero, pero no está claro si eso sucederá. Los críticos advierten que algunos miembros del consejo pretenden permanecer en el poder por más tiempo, y muchos temen que eso pueda desatar una nueva ronda de protestas violentas.

El plazo del 7 de febrero fue aprobado a principios de 2024 bajo la suposición de que Haití habría celebrado elecciones generales para elegir un nuevo presidente. La violencia de las pandillas ha impedido que los funcionarios celebren elecciones hasta ahora, aunque en principio están programadas para agosto, con una segunda vuelta en diciembre.

Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para hablar de Haití

Un nuevo informe de la ONU publicado el miércoles señaló que “los actores nacionales siguen divididos sobre la arquitectura de gobernanza transicional que debe llevar al país a elecciones”.

Más temprano el miércoles, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para abordar el deterioro de la situación en Haití.

“Haití ha entrado en una fase crítica en su proceso de restauración de instituciones democráticas”, dijo Carlos Ruiz-Massieu, representante especial del secretario general de la ONU en Haití. “Seamos claros: el tiempo para maniobras políticas ha terminado”.

El embajador panameño Eloy Alfaro de Alba señaló en la reunión que Haití se encuentra en una “encrucijada crítica”, con apenas 18 días restantes para que termine el mandato del consejo presidencial transicional.

“La naturaleza persistente de la violencia... sigue siendo de suma preocupación”, dijo.

Varios miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas señalaron que Haití debe avanzar rápidamente hacia una transición democrática dado que las pandillas siguen tomando el control de más territorio.

“Es necesario abordar este plazo con un sentido de responsabilidad... para mantener la continuidad del estado y evitar cualquier interrupción que pueda socavar el funcionamiento de las instituciones nacionales”, dijo Ericq Pierre, representante permanente de Haití ante Naciones Unidas.

Las pandillas controlan aproximadamente el 90% de Puerto Príncipe, la capital de Haití, y han tomado más territorio en la región central del país.

Entre enero y noviembre del año pasado se reportaron más de 8.100 asesinatos en todo Haití, “con cifras probablemente subestimadas debido al acceso limitado a áreas controladas por pandillas”, según el informe de la ONU.

La Policía Nacional de Haití ha tratado de sofocar la violencia de las pandillas con la ayuda de una misión respaldada por Naciones Unidas liderada por la policía keniana que sigue con personal y fondos insuficientes.

La misión está en transición hacia una llamada “fuerza de supresión de pandillas” que tendrá el poder de arrestar a presuntos miembros de pandillas.

El gobierno de Haití también ha estado trabajando con un contratista militar privado para realizar ataques con drones dirigidos a presuntos miembros de pandillas, pero que también han matado a civiles. Los ataques mataron a más de 970 personas de marzo a diciembre del año pasado, incluidos 39 civiles, 16 de ellos niños, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.