Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Las contrataciones públicas mueven el 32% del Presupuesto General del Estado y en lo que va de año las instituciones han contratado 158,915 millones de pesos a través de 7,931 contratos. Detrás de ese enorme presupuesto se han inscrito 129,813 proveedores, de los cuales 38,943 tienen participación activa.

Estas cifras convierten este sector en el de mayor riesgo para el manejo del dinero público, a juicio de Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), durante su participación en el Almuerzo de Comunicaciones del Grupo Corripio.

Afirmó que la participación en los procesos de contrataciones en el Estado se han incrementado en más de 42% porque se ha generado mas confianza, hay más información y un órgano que toma decisiones.
Pimentel estuvo acompañado por Katherine Gutiérrez, directora de Investigaciones y Reclamos, Raquel Miranda, directora Jurídica, Daniel Alburquerque, encargado del Departamento de Análisis e Investigaciones y Ana Lisania Batista, encargada de Prensa y Relaciones Públicas.

Acciones

A la fecha el total de proveedores inhabilitados y suspendidos asciende a 810 mientras que en lo que va de año 21,300 procesos han sido intervenidos a través de un monitoreo preventivo y se generaron más de 11,000 alertas preventivas. Estos contratos que envolvían un monto de 134,729 millones de pesos, de los cuales 1,951 millones fueron reencauzados.

Actualmente el Sistema Electrónica de Compras Públicas (SECP) cuenta con 625 unidades de compras, en 297 instituciones de las cuales 115 son hospitales y 213 gobiernos locales.

En cuanto a las instituciones que han tenido mayores denuncias en la DGCP, Pimentel indicó que regularmente las que más contratan o tienen procesos más complejos por la multiplicidad de ofertas que reciben, siendo el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) el principal, seguido de los ministerios de Educación, Obras Públicas y la Policía Nacional.

Casos recientes

Pimentel explicó ampliamente los niveles de intervención de la DGCP en los procesos de compras que están limitados al inicio o luego de adjudicarse el contrato, si surge una denuncia o de oficio, pero nunca en la parte de recibir ofertas ni en la adjudicación porque no puede ser juez y parte. “Las entidades contratantes son responsables de sus procesos”, enfatizó.

Puso de referencia que los últimos tres procesos anulados del INABIE, el pliego de condiciones estaba bien, pero hubo fallos en la evaluación y adjudicación, por lo que la DGCP intervino ante una denuncia en los medios.

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Mientras que en cuanto a la cancelación del contrato entre Seguro Nacional de Salud (Senasa) y la empresa Farmacard, la DGCP actuó bajo denuncia de una ciudadano. La anulación fue porque se contrató de forma directa, sin licitación, en violación a la ley. En referencia a la suspensión del proceso convocado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) para la compra de pitos, la medida se tomó porque la institución no pudo evidenciar cómo determinó un precio de referencia de RD$1,900 la unidad.

Señaló que este costo unitario debió obedecer a estudios previos y comparaciones con productos con iguales especificaciones.

Desafíos

Arbitrar controversias, que se cumplan con topes de compras por sector, más entidades con sus procesos a través del SECP y aplicar la nueva ley, están entre los principales desafíos de la DGCP.

Pimentel apuntó que la entidad debe conocer las controversias entre contratantes y proveedores y dar respuestas en tiempo prudente, así como reducir los tiempos de las contrataciones. En cuanto al desafío de que se cumpla el 20% de ley para las compras públicas para Mipymes, aseguró que al día de hoy más del 40% están dirigidas a ese sector y de ellas 8.% a mujeres.

Pero el mayor reto de la DGCP es implemente la nueva Ley 47-25 que transforma el sistema por completo, fortaleciendo los controles y estableciendo un mayor régimen de consecuencias.

Pimentel informó que para este mes pondrán en consulta pública el reglamento de la ley para que todos los sectores puedan opinar y tener una pieza acorde.“Los desafíos que tiene la Dirección General de Contrataciones Públicas como órgano rector son diversos de acuerdo su rol y competencia”, expresó Pimentel durante el encuentro.