Ángel Martínez vuelve al tribunal por querella de Faride Raful

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, intenta nuevamente este martes conocer la solicitud de medida de coerción contra el comunicador Ángel Martínez, tras la querella por difamación e injuria interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Martínez fue trasladado a la sala de audiencia desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia —donde fue recluido la pasada semana tras protagonizar, junto a uno de sus abogados, un episodio de litigación temeraria— bajo un estricto cordón de seguridad. Al descender las escaleras, se le notaba visiblemente debilitado.

Mientras tanto, Raful llegó acompañada de su abogado, Miguel Valerio, y de miembros de su equipo de seguridad personal.

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Sobre la querella contra Ángel Martínez

La ministra de Interior y Policía acusa a Ángel Martínez de difundir declaraciones falsas, denigrantes y maliciosas en su contra, a través de plataformas de acceso público como YouTube y la red social X (antes Twitter).

«Entre sus afirmaciones más lesivas, se incluyen imputaciones de vínculos con el narcotráfico, la acusación de proporcionar protección policial a un presunto criminal, y la amenaza pública de divulgar materiales audiovisuales de carácter íntimo supuestamente pertenecientes a la querellante, lo que constituye una afrenta directa contra su dignidad, reputación, honor, vida privada y estabilidad emocional. Estas manifestaciones se realizaron de forma reiterada, con total desprecio por la verdad y con el claro propósito de causar descrédito público y daño irreparable a su imagen como figura política y como ciudadana», afirma Faride Raful.

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De igual forma, por los daños y perjuicios que le habrían sido causados como consecuencia del tipo penal cometido en su contra, la exsenadora y exdiputada solicita que Ángel Martínez también sea condenado al pago de Cincuenta Millones de Pesos Dominicanos (RD$50,000,000.00).

Además, Faride Raful solicita que se le reserve el derecho de aportar nuevas evidencias y adicionar nuevos cargos contra los imputados durante toda la fase preparatoria.