Caso Intrant: ¿cómo operaban Dekolor, Pago RD Xchange, Transcore Latam y Aurix para «drenar» al Estado, según el MP?

En las casi 340 páginas que tiene el expediente acusatorio contra José Ángel «Jochi» Gómez
Canaán, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y otros encartados, se relata cómo supuestamente las empresas Dekolor, Pago RD Xchange, Transcore Latam y Aurix fueron usadas para drenar el Estado. Los señalamientos pertenecen al Ministerio Público en el caso de dicha entidad estatal que vuelve a la palestra con nuevos acusados.

La instrumentación dice que «PagoRD Xchange, S.R.L., creada formalmente para gestionar pagos electrónicos del Intrant, en realidad fue una estructura fraudulenta dirigida por Gómez Canaán, que
se apropió indebidamente de los ingresos públicos bajo el pretexto de cobrar comisiones
por servicios».

Dice que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) confirma que ninguno de estos
contratos de esas empresas con el Intrant fue objeto de licitación o procedimiento competitivo, y que no existen registros en el Sistema Electrónico de Compras Públicas (SECP), mientras que el Intrant establece que tampoco existe aprobación formal del Consejo Directivo para dichos convenios.

«De esta forma, Gómez Canaán, valiéndose del tráfico influencia, implantó un circuito financiero
paralelo donde PagoRD Xchange fungía como recaudador y Banco BDI como intermediario de los fondos, desviando los recursos públicos hacia cuentas bajo su control», dice el documento.

«El propósito de estas alteraciones fue aumentar ilícitamente los beneficios económicos de Dekolor S.R.L. y PagoRD Xchange S.R.L., empresas bajo control de José Ángel Gómez Canaán (Jochi), con la colaboración activa de Hugo Marino Beras Goico Ramírez, quien, en su calidad de director ejecutivo», según el órgano acusador.

Según lo que narra el Ministerio Público, siguiendo las recomendaciones de Gómez Canaán, Rafael Ernesto Arias Ramírez suscribió el 1 de junio de 2021 un “Convenio para el Cobro de Servicios” con el Banco Múltiple BDI, S.A., representado por Juan Carlos Rodríguez Copello y José Antonio De Moya Cuesta, autorizando a dicha entidad a recaudar ingresos institucionales y retener una comisión del 10 % por cada transacción.

«Posteriormente, el 30 de julio de 2021, firmó otro convenio con PagoRD Xchange S.R.L., representada por Manuel Eduardo Mora Vázquez, otorgándole la administración directa de los cobros electrónicos, bajo las mismas condiciones de comisión, a pesar de que dicha empresa no contaba con registros ante la Superintendencia de Bancos ni registro de proveedor ante la Dirección General de Contrataciones Públicas», dice el expediente.

«Mientras que a Dekolor S.R.L. se le reconocían deudas infladas y proyecciones ficticias de facturación a través de las adendas contractuales manipuladas —como la tercera adenda del 3 de julio de 2024, que incorporó proyecciones inventadas por casi RD$936 millones de pesos, en violación del principio de devengo y de las normas de contabilidad gubernamental—, PagoRD Xchange S.R.L. operaba desde el otro extremo del sistema, reteniendo y desviando los pagos efectuados por los usuarios que acudían a tramitar licencias de conducir, sustrayendo más de RD$730 millones de pesos del flujo de ingresos
públicos», agrega el órgano persecutor.

De acuerdo con los resultados de una investigación hecha por el Ministerio Público, se «comprobó que, a través de contratos y convenios irregulares suscritos con las empresas Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó a dichas entidades acceso privilegiado y control operativo sobre sistemas críticos, los cuales fueron utilizados para manipular, desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de encubrimiento y lavado de activos. Estas acciones vulneraron los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa, configurando un riesgo grave para el funcionamiento institucional y la seguridad del Estado dominicano».

«El elemento común en todas las irregularidades detectadas lo constituye Jochi, quien, de manera directa y a través de prestanombres, mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S. Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal orientado a la estafa contra el Estado, el lavado de
activos, el sabotaje tecnológico y la apropiación ilícita de fondos públicos, consolidando su
control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos de la administración público», señala la instrumentación del caso.

Y agrega: «Mariano Gustini Ponce y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes formales de
Pagord Xchange, S.R.L. Ambos fungieron como testaferros de José Ángel Gómez Canaán (Jochi), ocultando su verdadera propiedad y control sobre dicha empresa. Bajo su administración nominal, PagoRD Xchange, S.R.L. sustrajo cientos de millones de pesos del Estado dominicano, producto de la recaudación de tasas e impuestos por servicios del INTRANT, los cuales no fueron transferidos a las cuentas institucionales».

Asegura que «desde las cuentas de la empresa, que estaban bajo su dominio, se realizaron transferencias a Gómez Canaán y a sus empresas vinculadas, así como la adquisición de bienes inmuebles de lujo, constituyendo actos de lavado de activos, estafa contra el Estado y asociación de malhechores».

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó hace varios días la acusación contra 10 personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos.

Entre los imputados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.

También, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas. A la acusación se sumaron Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

Las personas jurídicas acusadas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.