Condenan a Elizabeth Silverio a cinco años: por qué aún no ha ido a prisión y qué hará su defensa

Pese a la condena de cinco años impuesta por la jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, en un segundo juicio contra Elizabeth Silverio Silien por usurpar funciones en el área de la salud a través del centro Knowledge Land (Kogland), esta aún no ha ido a prisión.

Esto se debe, según explicó a Hoy Digital su abogado, Waldo Paulino, a que la magistrada dispuso que la pena se ejecute solo cuando la sentencia sea “firme”.

“No podrá ir a prisión porque tiene 20 días para recurrir la decisión que la condenó a cinco años, por lo que, hasta que no adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, el Ministerio Público no podrá llevarla ante el juez de la ejecución de la pena para ejecutar esa condena”, manifestó el jurista.

El abogado adelantó que, antes de que venza el plazo, apelarán la sentencia emitida el pasado 14 de abril.

“Nosotros vamos a recurrir en derecho en virtud de lo que establece el artículo 432 de la normativa procesal penal vigente, que es la Ley 97-25”, dijo Paulino.

La condena

En la motivación de la decisión, la jueza estableció que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron que la imputada utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía.

Además, que los padres que declararon en calidad de testigos resultaron coherentes en sus testimonios, mientras que las pruebas documentales establecen que la imputada se presentaba y firmaba los informes de los pacientes en calidad de doctora en neurociencia, sin que fuera aportada ante el tribunal ninguna documentación que evidencie la realización de estudios superiores ni la obtención de un exequátur que le acredite para ofrecer dichos servicios, tal como hicieron constar los representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas).

Juan Geraldo Mesa, director del Departamento de Habilitación de Centros del Mispas, aportó documentación que confirma la falta de habilitación del Kogland. De igual modo, declaró el consultor jurídico de esa institución, Luis Manuel Tolentino, quien presentó una certificación que establece que la imputada no está registrada en el país en ninguna de las áreas de la salud.

Las pruebas valoradas por el tribunal incluyen los informes de las evaluaciones realizadas por Elizabeth Silverio, en los que emitía diagnósticos e indicaba las terapias a aplicar, lo que provocó afectaciones en la salud de los niños y retrasos en la aplicación de las terapias adecuadas, conforme fue establecido por el Ministerio Público en su relato fáctico.

A la salida de la audiencia, el Ministerio Público, representado por la procuradora de corte Magalys Sánchez y la procuradora fiscal Laura Vargas, valoró que el tribunal ponderara correctamente la gravedad de los hechos para dictar una sentencia condenatoria sustentada en las pruebas aportadas, las cuales demostraron y vincularon a la imputada con las acciones cometidas en perjuicio de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En adición, el órgano acusador deploró que Elizabeth Silverio cometiera sus hechos graves y a la fecha se muestra altanera y sin arrepentimiento alguno.

El Ministerio Público indicó que las pruebas presentadas resultaron suficientes para sustentar la culpabilidad Silverio Silien.

Elizabeth Silverio fue hallada culpable de estafar a padres que acudieron a su centro con la esperanza de que sus hijos recibieran atención especializada, haciéndose pasar por profesional de la salud sin contar con estudios superiores ni autorización legal en la República Dominicana, en violación a la normativa vigente.

Esto en violación a los artículos 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como al artículo 156-7 de la Ley 42-01 General de Salud.

La jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, dispuso que Silverio Silien cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal.

Asimismo, la condenó al pago de las costas penales del proceso, así como al pago de una indemnización ascendente a RD$2,000,000 en favor de las víctimas constituidas en querellantes y actores civiles.

De igual manera, el tribunal ordenó el pago de las costas civiles en favor y provecho de los abogados concluyentes, el decomiso de las pruebas materiales y la notificación al juez de Ejecución de la Pena. Finalmente, fijó para el 10 de junio de 2026, a las 11:00 de la mañana, la lectura íntegra de la decisión.