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Operación Calamar

Defensa Donald Guerrero afirma evidencias AntiFraude no son jurídicas

Sostiene su creación es una invasión a la supereserva de la ley orgánica para afectar derechos fundamentales

Audiencia de Operación Calamar.

Audiencia de Operación Calamar.

Loyda Peña
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Bajo la premisa de que la mayoría de los delitos que se le atribuyen han prescrito, y de que la Unidad Antifraude que generó los informes presentados como pruebas en su contra no estaba establecida como órgano desconcentrado al momento de los supuestos hechos, la defensa técnica del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, hace esfuerzos para que la jueza del cuarto juzgado de la Instrucción, Altagracia Ramírez, lo exonere de ir a juicio de fondo.

Según la defensa, encabezada por Eduardo Núñez, “de los 12 ó 13 tipos penales” que el Ministerio Público le atribuye a su cliente en su condición de funcionario público,”hay por lo menos 8 que llegaron prescritos al tribunal porque él dejó el cargo el 16 de agosto del 2016, y la acusación en su contra fue depositada en abril del 2025”, subrayó. Citó la coalición de funcionarios, desfalco, estafa, lavado de activos provenientes de actos de corrupción; soborno, extorsión, usurpación de funciones y falsedad de documentos públicos. “Se rechaza Lavado de activos porque los fondos manejados eran estatales, lo que elimina el requisito de una actividad precedente ilícita”, subrayó la defensa.

UNIDAD INEXISTENTE

“Crear por decreto un órgano que investiga personas y produce pruebas para procesos penales equivale a crear un pequeño ministerio público o tribunal sin el respaldo legal requerido para afectar derechos fundamentales”, dijo la defensa de Donald a la jueza cuyo rol en esta etapa del proceso contra los imputados en la llamada Operación Calamar, es valorar las pruebas aportadas y determinar sin tienen mérito o no, para enviar a juicio de fondo.

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