El país carece de una estrategia integral contra las drogas

En el país, la atención a las adicciones descansa sobre los hombros de un centenar de instituciones que operan con recursos mínimos y escaso respaldo oficial.

Mientras la ley concentra sus esfuerzos en la represión y el control del narcotráfico, la prevención y la atención al consumo siguen siendo tareas relegadas.

El país no cuenta con una estrategia integral de drogas que priorice la salud mental, reinserción social ni la sostenibilidad de los programas comunitarios.

Esa es la conclusión coincidente de Raddamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta y José Corporán Clase, fundador de la Fundación Dios es Fiel, Inc., dos instituciones que desde enfoques distintos —uno técnico-preventivo, otro espiritual y clínico— comparten la misma precariedad.

De la Rosa lo resume así: “No hay un sistema nacional de formación ni una política de drogas con mirada de salud. Los programas residenciales sobreviven con lo mínimo, sin acompañamiento técnico ni recursos suficientes”. Su denuncia apunta a la falta de coordinación entre los ministerios de Salud, Educación, Cultura y Deportes, que deberían integrar una red articulada de prevención y rehabilitación.

A la precariedad se suma un conflicto legal no resuelto: la desaparición del fondo del 15 % de los bienes incautados, que por ley debía distribuirse entre las instituciones sociales reconocidas por el Consejo Nacional de Drogas (CND), Procuraduría General de la República (PGR), Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias del Estado.

De la Rosa explica que la Ley 72-02 y la 155-17 sobre Lavado de Activos, contemplaban ese porcentaje para apoyar a las organizaciones que trabajan en reducción de la demanda. “Durante años, el reparto fue irregular, en algunos períodos solo se entregó una vez. Pero cuando se derogó el artículo que nos incluía, el Estado no distribuyó los fondos que ya se habían generado bajo la ley anterior”, señala.

Ambos directores coinciden en que esa retención de recursos constituye una deuda pendiente del Estado con las entidades. Según estimaciones manejadas por los sectores afectados, se trataría de unos tres mil millones de pesos que permanecen en cuentas oficiales sin ser entregados. “La Constitución es clara: las leyes no son retroactivas. Los fondos generados bajo la legislación anterior deben entregarse, conforme a esa normativa”, argumenta De la Rosa.

Corporán, desde su experiencia en la Fundación Dios es Fiel, lo expresa con indignación: “Nos quitaron el 15 % que nos permitía sobrevivir. Tocamos puertas, mandamos cartas, pero el trabajo con adictos no tiene visibilidad ni glamour”. La institución sostiene dos centros residenciales en Boca Chica y La Caleta, donde acoge a noventa hombres en proceso de rehabilitación. Los locales son alquilados, el personal trabaja por vocación y los alimentos llegan gracias a donaciones esporádicas.

Mientras tanto, Casa Abierta mantiene una labor preventiva, con más de trescientas personas al mes entre niños, adolescentes y adultos. El presupuesto depende casi por completo de una subvención estatal congelada y de un pequeño proyecto internacional financiado por el Ayuntamiento de Leioa, en el País Vasco.

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Ambas entidades coinciden en que la política antidrogas privilegia el control del tráfico hacia el exterior, mientras descuidan la atención interna al consumo. “El país tiene estrategia de control de drogas hacia afuera, pero hacia adentro, prácticamente ninguna”, lamenta De la Rosa.

El problema no es solo financiero. En los hospitales públicos, la atención a personas con sobredosis o dependencia es deficiente. Muchos centros carecen de protocolos de emergencia o medicamentos como la naloxona, esencial para revertir los efectos de los opiáceos. Según las propias autoridades de salud mental, el país no tiene capacidad para detectar fentanilo en la sangre de un paciente, lo que impide saber si esa sustancia ya circula en el territorio.

Las cifras oficiales son escasas, pero las organizaciones coinciden en que el consumo ha aumentado y se ha normalizado. El alcohol y el tabaco continúan siendo las drogas más accesibles y, paradójicamente, las más letales. “El alcohol es más dañino que la cocaína, porque está normalizado y regulado de manera deficiente”, advierte De la Rosa.

Ambos especialistas piden una reforma profunda de la política nacional sobre drogas, con un enfoque de salud pública y participación multisectorial. “El adicto no es un delincuente, es un enfermo. Necesita tratamiento, no persecución”, enfatiza Corporán.

El desafío, concluye De la Rosa, es construir una visión de Estado que reconozca el valor de las organizaciones sociales. “Las entidades estamos donde el Estado no quiere, no puede o no sabe estar. Pero ya no basta con resistir, hace falta una política que nos incluya”.