Finjus pide en 2026 se concluyan reformas estructurales pendientes

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) indicó que en 2026 el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho requiere la continuidad de reformas estructurales para materializar mandatos constitucionales pendientes.

Apuntó que se necesita una agenda legislativa significativa, especialmente en la actualización del Código Civil y de Procedimiento Civil, revisión de normativas sobre libertad de expresión, adopción de legislación integral para protección de testigos y víctimas, y mecanismos de participación ciudadana y control social.

Destacó que durante 2025, la agenda pública y legislativa mantuvo la necesidad de impulsar cambios normativos clave para consolidar la institucionalidad democrática, promover el desarrollo económico-social y garantizar la convivencia pacífica basada en reglas claras.

“Este proceso se basa en un sistema de justicia funcional, eficiente y coordinado, con órganos actuando conforme a competencias constitucionales y estándares de gestión. En el período evaluado, se registraron esfuerzos para mejorar la transparencia y la seguridad jurídica”, expresó Finjus en un documento en el pasa balance del 2025 y proyección al 2026.

Subrayó que el reto es superar la fragmentación institucional y avanzar hacia la coordinación interinstitucional eficaz, con diálogo estructurado entre el Estado y la sociedad.

Logros y retos en sistema judicial

La entidad reconoció que en 2025 la lucha contra la impunidad fue un elemento clave, tras valorar las acciones dirigidas a combatir la corrupción y a robustecer los mecanismos de rendición de cuentas, la implementación de reformas legales para endurecer las penas por delitos de corrupción y lavado de activos, la recuperación de fondos públicos desviados y la separación de funcionarios implicados en irregularidades.

Igualmente ponderó los avances en el Avances en el sistema de Defensa Pública; el trabajo del Ministerio Público en la persecución penal y la defensa del interés público, la reducción de la mora judicial, la reforma penitenciaria y la creación del Ministerio de Justicia.

No obstante, en cuanto al proceso de e evaluación de jueces de la Suprema Corte de Justicia, Finjus deploró que subsistan debilidades vinculadas a la discrecionalidad, la insuficiente motivación pública y la percepción de influencia de intereses coyunturales, por lo que espera en próximo proceso predomine la evaluación técnica del desempeño, en base a los criterios objetivos que señalan las leyes.