Gobierno no negocia ni se rendirá ante la corrupción

El presidente de la República, Luis Abinader, advirtió ayer que su Gobierno “no negocia” ni se rinde frente a la corrupción y que las reformas que están introduciendo a la justicia penal buscan construir un Estado que no tolere la impunidad.

Aseguró que para él, la lucha contra la corrupción no es una declaratoria más de este Gobierno, “es su columna vertebral, su brújula moral inamovible”.

“Y que nadie tenga dudas: yo tengo amigos, pero no cómplices y éste Gobierno no retrocede, no negocia y no se rinde frente a la corrupción, cueste lo que me cueste. Ese es mi compromiso incondicional con mi país, con mi padre y con Dios”, subrayó.

En el caso del Senasa, al único que se refirió específicamente en el discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el mandatario aseguró que los culpables no solo tendrán encima todo el peso de la ley, sino, que tendrán que devolver hasta el último peso de lo robado.

“En este Gobierno no existen intocables. No existen protegidos. No existen excusas. Nadie está por encima de la ley…”, enfatizó.

Afirmó que modernizar el Estado no es solo digitalizar trámites o simplificar procesos, también es fortalecer sus cimientos institucionales, “ asegurar que la ley se cumpla, que las reglas sean claras y que nadie esté por encima del orden jurídico”.

En ese sentido, dijo que para que el sistema de justicia tenga la capacidad real de investigar, juzgar y sancionar con rigor, “sin privilegios ni excepciones” a quienes violan la ley, el Gobierno ha tomado decisiones estructurales.

Resaltó, entre ellas, la sustitución del viejo Código Penal, el cual, dijo: “Durante mucho tiempo limitó la capacidad del Estado para enfrentar delitos complejos que afectan la seguridad y la confianza de la gente”. También se refirió a la sustancial modificación al Código Procesal Penal (CPP), “para eliminar trabas innecesarias, fortalecer la protección de las víctimas y evitar que el paso del tiempo se convierta en aliado de la impunidad” (con la prescripción de los precesos).

Agregó que para la solidificación de un Estado de derecho, el Poder Ejecutivo también impulsó o apoyó otras modificaciones normativas importantes, entre las que citó, la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación. “Y con la creación del Ministerio de Justicia ordenamos el sistema, respetando la separación de poderes, para que el Ministerio Público se concentre plenamente en su tarea esencial: perseguir el delito”, subrayó.

Efectividad judicial

Señaló que República Dominicana avanzó en el pilar de efectividad judicial, al pasar del lugar 176 al 64, de acuerdo con el Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation

Asimismo, resaltó que en el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, también mejoró por quinto año consecutivo, pasando de la posición 136 en 2020 a la 99 en 2025.

“Y quiero decirlo con toda la claridad que este momento exige, ante esta Asamblea y ante todo el país: mientras yo sea Presidente de la República, no habrá escondites, no habrá silencios cómplices y no habrá poder que esté por encima de la ley”.

Violencia e igualdad de genero

El mandatario dijo que procesos judiciales derivados de esas acciones permitieron obtener 1,568 sentencias favorables, preliminares y definitivas para mujeres víctimas de violencia. Indicó que las familias afectadas por feminicidios recibieron 4,888 atenciones sociales, “reforzando el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, e incorporando 632 nuevas familias al Programa de Reparación Económica”

Agregó que desde las Casas de Acogida se protegieron de manera inmediata 1,210 personas, incluyendo mujeres, niñas, niños y adolescentes y que se atendieron 84 víctimas de trata en el refugio especializado.

Asimismo, dijo que el Gobierno ha asumido con claridad que la igualdad entre hombres y mujeres no es una concesión ideológica, sino, un deber moral del Estado democrático e infomó que en el 2025 se consolidó una política pública integral que articula prevención, protección, educación, autonomía económica y transformación cultural.

“Fortalecimos los servicios de atención integral en todo el territorio nacional, brindando casi 100 mil atenciones a mujeres en situación de violencia, incluyendo más de 67 mil asesorías legales y 24 mil asistencias psicológicas y la Línea de Emergencia *212 intervino en 7,079 casos”.