República Dominicana avanza en el estado derecho

La República Dominicana logró posicionarse como el país de mayor avance mundial en la aplicación de los principios del Estado de Derecho en la vida cotidiana, al escalar del puesto 86 al 76 entre 143 naciones, y mejorar su puntaje general de 0.49 a 0.50, para un incremento de un 2,1 %, de acuerdo con el índice anual de la WJP Rule of Law Index 2025.

Según el informe, uno de los mayores impulsos al progreso del país en el Índice proviene del fortalecimiento del sistema de justicia penal, que en el año 2025 registró mejoras significativas en el respeto al debido proceso, la no discriminación, la eficiencia procesal y la ausencia de corrupción.

Este avance se asocia directamente a la implementación del sistema de gestión de los casos en materia penal a nivel nacional, que ha permitido mayor trazabilidad de los expedientes, mejor control de plazos y reducción de la mora judicial.

Estas mejoras sectoriales reflejan un patrón común: mayor eficiencia, cooperación institucional y confianza en los procedimientos judiciales, factores que explican el avance de República Dominicana en los componentes del índice vinculados al ejercicio efectivo de la justicia.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, refirió que el World Justice Project no es una competencia sino una iniciativa internacional independiente que mide, mediante encuestas a ciudadanos y expertos, el grado en que los países aplican los principios del Estado de Derecho en la vida cotidiana.

Agregó que esos indicadores abarcan la ausencia de corrupción, el acceso a la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales, entre otros factores.

En ese sentido, afirmó que este resultado “es una señal clara de que la República Dominicana avanza en el fortalecimiento de sus instituciones con base en hechos verificables”.

El magistrado Molina resaltó que la mejora también refleja el trabajo coordinado de la Mesa Interinstitucional de Justicia Penal, integrada por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de la Defensa Pública, así como la percepción de la expansión de los métodos alternos de solución de conflictos, que han contribuido a descongestionar los tribunales y fortalecer la confianza en la justicia.

“En cuanto a la justicia civil, el informe subraya una evolución positiva en la agilidad de los procesos, la integridad judicial y la reducción de la percepción de corrupción, gracias a programas de eficiencia puestos en marcha por el Poder Judicial desde 2019 en los tribunales civiles, comerciales, y contencioso-administrativos. La percepción de la consolidación de los mecanismos alternativos de resolución de disputas, como la mediación, el arbitraje y la conciliación, ha permitido ofrecer vías más rápidas y accesibles para resolver conflictos entre particulares y empresas”, subrayó.

Asimismo, dijo que también reconoce el papel del gobierno abierto y la transparencia judicial, que se consolidan como fortalezas estructurales gracias a la creación del Observatorio del Poder Judicial y de la Juriteca, plataformas que publican en tiempo real estadísticas y decisiones judiciales.

Estas herramientas, junto con la Política de Participación Social y el desarrollo de una Política de Datos Abiertos, han convertido a la justicia dominicana en un referente regional en materia de apertura institucional.

“Con esta mejora, la República Dominicana se ubica entre los 16 países mejor posicionados de los 32 que conforman América Latina y el Caribe, y consolida una tendencia de fortalecimiento institucional gradual y consistente entre 2019 y 2025. El reto, de cara a la Justicia del Futuro 2034, es continuar profundizando en una justicia más ágil, más accesible y más transparente, centrada en la persona y en la confianza ciudadana”, puntializo.