República Dominicana lleva cuatro fallos internacionales

La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de seis haitianos y un dominicano a manos del Ejército el 18 de junio del 2000 en la frontera es la cuarta de carácter internacional que recibe el país en los últimos años.

El 8 de septiembre del 2005 la Corte condenó al Estado a una indemnización de US$22,000 a favor de las niñas Tiramen Bosico y Leonidas Oliven Yean, de ascendencia haitiana, a quienes se les había negado actas de nacimiento.

El Estado cumplió la condena casi dos años después, el 22 de marzo del 2007.

El 20 de octubre del 2011 la Organización Mundial del Comercio (OMC) condenó a modificar un arancel de 38% impuesto a las importaciones centroamericanas de tejido tubular y sacos de polipropileno.

El 2 de abril de este año la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado dominicano al pago de una indemnización de US$393,200 por la desaparición forzosa, el 26 de mayo de 1994, del catedrático universitario Narciso González (Narcisazo) y negligencia en la investigación de los hechos para dar con los responsables.

“Con motivo del uso ilegítimo, innecesario y desproporcionado de la fuerza, el Estado violó el derecho a la vida de los haitianos Fritz Alce, Ilflaudia Dorzema, Nadege Dorzema, Jacqueline Maxime, Pardis Fortilus y Roselene Thermeus, y del dominicano Máximo Rubén de Jesús Espinal, indica el fallo sobre el caso”, conocido como “La masacre de Guayubín”.

La Corte emitió la sentencia el 24 de octubre y además manda a indemnizar a los familiares de las víctimas.

Amnistía cree que la decisión es una llamada de atención al Gobierno de poner el orden precisamente en el sistema de investigación y de policía.

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Una vergüenza

El asesor especial de Amnistía Internacional (AI), Javier Zúñiga, consideró que la condena “es una vergüenza para el país” porque pone en evidencia el fracaso de la investigación efectuada para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Consideró que la decisión de la Corte es una llamada de atención al Gobierno dominicano para poner el orden en el sistema de investigación y de policía.