Alaska. Inspirados en lo que ocurre con la inmigración ilegal, algunos estados que han legalizado la marihuana están considerando la posibilidad de ofrecer santuario a los negocios con licencia en un esfuerzo por proteger esta naciente industria de un cambio en las políticas del gobierno federal.

Horas después de que el secretario de Justicia Jeff Sessions anunciase el 4 de enero que los fiscales federales tendrán libertad para reprimir las operaciones de producción y venta de marihuana si lo consideran pertinente, el alcalde de Berkeley, California, Jesse Arreguin, llamó al concejal Ben Bartlett para comentarle su novedosa propuesta.

Berkeley fue la primera ciudad del país que se declaró formalmente santuario para la inmigración ilegal, prohibiendo a las autoridades municipales colaborar con el gobierno federal en ese terreno. Y se preguntó por qué no se podía hacer lo mismo con la marihuana. El mes pasado lo hicieron.

«Sabíamos que teníamos que hacer algo», expresó Bartlett. «Este es un nuevo propulsor de una economía saludable». Otros podrían seguir pronto sus pasos. Legisladores de Alaska, California y Massachusetts han presentado proyectos similares, aunque las posibilidades de que sean aprobados son inciertas.

El representante estatal de Alaska Adam Wool, propietario de un complejo con una sala de cine, de conciertos y un restaurante en Fairbanks, dijo que presentó el proyecto como una cuestión de principios y también como una medida preventiva.

«Si el gobierno quiere enjuiciar a alguien por violar las leyes federales, tienen el derecho a hacerlo», manifestó Wool, un demócrata de una de las principales regiones de cultivo de marihuana de Alaska. «Lo único que digo es que no estaremos obligados a colaborar con ellos».

El anuncio de Sessions invalidó una política puesta en vigor en el 2013 que permitió el florecimiento de la marihuana legal al restringir la persecución de esa actividad, siempre y cuando los estados se asegurasen de que no llega a sitios donde está prohibida ni a manos de delincuentes ni de menores de edad.

La medida fue un balde de agua fría para la industria y está ahuyentando a potenciales inversionistas. La marihuana sigue siendo ilegal bajo la jurisprudencia federal. Casey O’Neill recuerda las incursiones con helicópteros en plantaciones de California en la década de 1980. Sus padres cultivaban la planta en un pequeño lote.

Ahora él colabora con una granja que produce verduras y marihuana con fines medicinales en Laytonville, California, y le complace el que los legisladores estén buscando formas de resistir la nueva política del gobierno federal. La represión del cultivo y venta de marihuana «ha sido despareja, y ese es uno de los problemas, porque todo el mundo está asustado», expresó O’Neill.

Dalel Gieringer, director de NORML, una agrupación de California que defiende la industria de la marihuana, dice que sospecha que «a las autoridades federales no les importa demasiado la marihuana de Alaska, para ser sincero. Pero aquí la marihuana ha sido una industria importante, estamos a la vanguardia» de la lucha por la aceptación de la droga.

En la industria no parece haber cundido el pánico tras el cambio de política anunciado por Sessions, dado que el gobierno federal tiene pocos recursos y mucho queda supeditado a la discreción de los fiscales. Pero tampoco se confían demasiado. «No creo que el gobierno federal intervenga y nos borre del mapa.

Me cuesta creer que pueda pasar eso. Pero pueden complicarnos la vida», declaró Jennifer Canfield, quien tiene permiso para cultivar marihuana y venderla al por menor en la capital de Alaska, Juneau.