El abogado Pascal Núñez Mariot, quien a través de su redes sociales hizo pública la denuncia sobre el supuesto desfalco en el Ministerio de Agricultura, reveló este martes cómo se enteró de las irregularidades en la institución.

Durante una entrevista en el Programa El Día, transmitido por Telesistema canal 11, Núñez Mariot narró que se enteró «del proceso» porque él tiene terrenos sembrados, y fue uno de los afectados por el paso del huracán Fiona en septiembre del 2022.

«… En el Ministerio (de Agricultura) yo veo personas que conozco, que yo sé que no tienen terrenos sembrados, y ahí es que yo me y digo: espérate, aquí está pasando algo. Entonces, realizamos la solicitud de la información e hicimos las investigaciones de lugar mediante la Ley 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, y primero nos entregan la información incompleta, que no se corresponde con la verdad, por lo que tuvimos que accionar ante los tribunales», explicó.

Agregó que dentro de la documentación que les entregaron,»no alcanzaban los 40 millones de pesos, y públicamente habían anunciado (el ministro Limber Cruz López y Banco Agrícola) que entregaron 62 millones de pesos, entonces, o le estaban mintiendo a los medios o a mí».

«Nosotros logramos identificar a algunos, y de hecho, son personas que trabajan en el Gobierno, empleados de la Junta de Distrito Municipal de El Ranchito y en otras instituciones públicas. Por lo menos, lo que logramos identificar, tenían ese común denominador, que eran miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM)«, añadió Pascal Núñez.

El jurista sostuvo que la cantidad de terrenos que se pagó en La Vega como compensación a los afectados, fue mayor a la sembrada.

«Se pagaron 62 mil tareas (de tierra), cuando en La Vega no hay 62 tareas sembradas», dijo.

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Por el desfalco en Agricultura, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó medidas de coerción contra Julio Enrique Domínguez Solano (Julito y/o El Carnal) y Antonio José Paredes Elizondo.

El órgano persecutor imputa a Domínguez Solano la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.

También, lo acusa de violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

En tanto, Antonio José Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Como parte de la investigación, los fiscales a cargo de la investigación reunieron pruebas suficientes contra los imputados que están bajo arresto en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.

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