La condición mental de Ana Josefa García, la mujer que decapitó a su hija de seis años en el sector Los Trinitarios, Santo Domingo Este, no se debe a que pertenece al Ejército de la República Dominicana, donde ejerce como médico, ni tampoco por ser miembro de la iglesia Monte Moriah, del concilio Iglesia de Dios.

Dicha aseveración es del pastor y vicepresidente del Ministerio Evangelístico La Batalla de la Fe, Ezequiel Molina Sánchez, quien no sólo lamentó el hecho que ha conmocionado a toda la sociedad dominicana, sino que también recordó que las enfermedades mentales en el país y el mundo es una realidad que va en aumento.

Al ser entrevistado en exclusiva por el periodista Troi Orlando Espejo, Molina Sánchez, que también dirige el Centro de Restauracion Espiritual Mahanaim, en la provincia La Romana, acotó que el rol de la iglesia cristiana en todo el mundo ha sido de ente de esperanza ante los problemas espirituales y mentales del ser humano.

En ese sentido, el pastor criticó a quienes han vinculado la fe al horrendo crimen que cometió Ana Josefa: «Revela el alto nivel de ignorancia», dijo. «¿Por qué no culpan a las Fuerzas Armadas a la que ella pertenece? ¿Vamos a decir que porque ella era militar estaba en esa condición? No podemos decir eso, porque a ella no se le enseñó eso ahí; tampoco la en la iglesia», aclaró el ministro.

«Ella estaba en la iglesia lidiando con sus batallas. Eso es una realidad de su propio estado (mental), de su propia anormalidad en la que ha estado cayendo y que, por supuesto, nosotros lamentamos y deseamos que se pueda recuperar, aunque no se puede echar para atrás los resultados de la acción», indicó Molina Sánchez.

«Dios ayude a esa hermana. Y hay mucha gente llegando a nuestras iglesias desesperadas porque no hay quién le ayude, no hay quieén le dé palabra de aliento, palabra de fe y palabra de esperanza; y para eso está la iglesia que predica el Evangelio de Cristo», concluyó.

Más temprano, el concilio Iglesia de Dios, junto a la institución a la que pertenece Ana Josefa, lamentó el hecho y pidió «un trato digno y ético de las informaciones relacionadas a este caso, tanto en beneficio de las personas directamente involucradas como de la sociedad misma, que a parte de su derecho a ser informada requiere de contenidos que construyan y no que disocien y vulneren derechos fundamentales propios de todas personas«.

Además, solicitó al Gobierno más políticas públicas para tratar el problema de la salud mental de los dominicanos, con garantias al acceso equitativo y calidad en los servicios de salud.

«Es nuestro deseo que, la justicia haga su trabajo para esclarecer lo sucedido, y que en un correcto uso del derecho, el ministeno publico actúe conforme a la instrucción de pruebas a cargo y descargo, considerar la pertinencia de involucrar a profesionales de la salud especializado en el área de la psiquiatría y neuropsicologia, al tiempo que se apliquen, se garanticen sus derechos a la no discriminación por su condición mental», dijo el concilio.

La médico militar fue arrestada en «flagrante delito» por miembros de la Policía Nacional. Por el crimen, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo Este impuso 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción a cumplise en el penal para mujer de Najayo, provincia San Cristóbal.

El hecho ha sido calificado, de manera provisional, como homicidio con premeditación y asechanza establecido en los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal Dominicano.