Afirma que cinco firmas abogados ganarían millones

La Fundación Primero Justicia (FPJ) denunció ayer que el vicepresidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio, supuestamente suscribió contratos mediante los cuales Edesur, Edenorte y Edeste tendrían que pagar a cinco oficinas de abogados US$6.9 millones y hasta la suma de RD$3,000 millones, en violación a la ley de contrataciones públicas.

La entidad explica que de conformidad con el referido contrato, las firmas de abogados beneficiarias de dicha transacción serían Valerio Jiminián Roa, representada por Miguel Valerio; y Jiménez Peña, representada por Luis Julio Jiménez.

Además, están las firmas SDHH Consultores, representada por Armando Paino; Gestleg, representada por José Figueroa Güílamo; y la que representa Ramón Emilio Núñez.
Según la FPJ, cada una de estas firmas recibirían US$125,000, para un total de US$625,000; además de US$14,000 dólares mensuales para cada una, para un total de US$70,000, lo que durante 24 meses equivaldría a US$1,680,000.

Añadió que las Edes tendrían que pagar US$6.9 millones, pagos acordados “en perjuicio de esas empresas con supuesto problemas de liquidez” y en violación de la ley de contrataciones.

Miguel Surún Hernández, presidente de la fundación, afirmó que las contrataciones públicas hechas al margen de esta norma “constituyen el ‘modus operandi’ de las organizaciones criminales que se dedican a sustraer fondos públicos”.

Calificó como “sospechoso” que se suscribieran contratos en moneda extranjera, práctica que dijo fue prohibida, con el “agravante” de que estos contratos contemplan compromisos de pago supuestamente no autorizados por los consejos de administración.