La Fundación Justicia y Desarrollo Local (Fujudel) sugirió que se permitan las encuestas por redes sociales, internet o medios comunicación radiales y televisivos bajo condiciones controladas, alegando que se representan técnicas emergentes válidas en entornos digitales, por lo que se puede exigir validación metodológica previa en estos casos.

Esta es una de las sugerencias al proyecto de reglamento para el registro de firmas encuestadoras presentando por la Junta Central Electoral (JCE), el cual plantea la prohibición de encuestas por los medios citados.

Otra observación es que el proyecto no prevé que los actores políticos que se sientan afectados por encuestas falsas o manipuladas puedan ejercer un derecho a réplica, por lo que plantea que se incluya el derecho a rectificación e incluso se permita la revocación, si se demuestra manipulación.

La Fujudel también sugirió reducir la cantidad de documentos para empresas pequeñas, evitar obstáculos desproporcionados y establecer una política de transparencia activa en a publicación de fichas técnicas y antecedentes, así como documentos constitutivos de cada firma en el portal de la JCE.

En cuanto a la supervisión de la JCE a los trabajos de campo de las encuestadoras que hagan trabajos para selección de candidaturas en los partidos, la fundación propone que se establezca un protocolo técnico detallado, ya que la propuesta no define con claridad el alcance ni los criterios de la supervisión.

Con relación a la revocación del registro a las firmas, plantea que se incorpore un procedimiento administrativo con derecho de defensa. Mientras que, en cuanto a las sanciones, que sean conforme a la Ley 107-13, sobre los Deberes y Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública.

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Además, que las encuestadoras hagan declaración jurada de imparcialidad, debido a que puede darse un conflicto de interés en firmas contratadas.

De acuerdo a la comunicación del presidente de Fujudel, Pablo Vicente, las observaciones se sustentan en criterios de legalidad, transparencia, equidad electoral, protección de derechos, buenas prácticas institucionales y la importancia “de asegurar un equilibrio entre la libertad de opinión y la integridad del proceso democrático”.

Indica que tiene el propósito de contribuir al fortalecimiento del marco normativo que regula una herramienta tan sensible y determinante en los procesos electorales como lo son las encuestas.