El actual Ministerio Público, fundamentalmente su figura estelar, posee suficiente autoridad para rendir un memorial de desempeño caracterizado por la transparencia y deseos de actuar con un verdadero sentido de compromiso en materia de combate a la corrupción. Además, los magistrados responsables del PEPCA se han ganado el respeto y credibilidad en el marco de su desempeño. Contrariando una tradición de complicidad y de un poder político en capacidad de impedir que, el brazo de la justicia actúe a toda velocidad, los hechos durante los últimos cuatro años están fuera de toda impugnación racional.

Aunque la celeridad y sed de justicia no guardan total proporción con las expectativas creadas desde el 16 de agosto del 2020, lo justo es reconocer que la noción de temor permea franjas de la sociedad que e pensaban intocables.

Una población desconocedora de la técnica procesal tiende a simplificar su afán justiciero saltando las normas y el debido proceso. Por eso, la rapidez e interés condenatorio termina abriéndole las compuertas al ejército de rufianes para salir en libertad y con sanciones insignificantes.

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La marca distintiva del modelo de justicia nuestro radica en dureza con los pobres y tolerancia excesiva en los circuitos que poseen recursos suficientes y financian sus defensas con firma de abogados reputados y conectados. Pensar que un 58% de presos preventivos padecen en las cárceles dominicanas los efectos de un modelo injusto, y exclusivamente veloz, en la medida que los imputados gozan de campañas mediáticas orientadas a sensibilizar la opinión pública. Eso sí, la sensibilidad falsa y coyuntural del sistema carcelario desaparece al segundo de que, la pirueta técnica y jurídica, garantiza la salida del » angelito » acusado.

Nadie discute el amparo legal y la sombrilla protectora establecida en la norma procesal, respecto de pacto y acuerdos económicos que la nación conoce y los montos devueltos. La acción de devolución junto a las cuantías retornadas a las arcas públicas, también exhiben una lectura que trasciende lo recaudado porque crispa al ciudadano decente, dándole la sensación de que lo malo es robar poco. Y en ese sentido, las comparaciones que se desplazan en todos los segmentos del cuerpo social, vertebrando la disyuntiva ética de que, si los montos recaudados, no se perciben como una disolución pura y simple del hecho delictuoso.

El problema esencial de la cultura jurídica es no advertir la lectura ciudadana referente a tecnicismo y vías amparadas en los textos, desconectadas de la valoración social. Es decir, más allá de conseguir reducción de penas, libertad o pactar entendimientos financieros, la sanción y auditoría moral no guarda proporción con el mundo de lo estrictamente legal. Las figuras que encabezan el Ministerio Público poseen ganancia de causa en los tribunales, y es su territorio natural, pero todo el dinero recuperado no disminuye la dosis de indignación colectiva que, por múltiples razones, siente que lo sacado en operaciones fraudulentas de las arcas nacionales quedó corto respecto de lo entregado.

Y la señal es funesta, creándole la sensación a una cantidad de ciudadanos de que, se debe desfalcar y si las autoridades te procesan, compénselo con unos millones y transite por las calles del país sin ningún problema. Lo trágico es que el fenómeno se generalice. Ahí perdemos todos. Qué jodida señal: robe mucho, después devuelva un poco.