Gonzalo Castillo se defendió y solicitó a la CC ser más específica

Gonzalo Castillo se defendió y solicitó a la CC ser más específica

Cada uno de los argumentos que presentó la Cámara de Cuentas mediante su auditoría a la gestión del ministro de Obras Públicas durante los períodos 2012-2020, Gonzalo Castillo, fueron ripostados por el exfuncionario.

Castillo no sólo precisó que en el Departamento de Contabilidad  de Obras Públicas están “todos y cada uno de los expedientes de pago con sus respectivos soportes”, también pidió al órgano regulador que haga una descripción “más precisa” en su informe especial provisional.

Esto, de acuerdo al exministro de Obras Públicas, porque los financiamientos de obras prioritarias a favor de contratistas y suplidores del Estado se realiza históricamente bajo el amparo del Programa de Contratistas y Suplidores del Estado.

Además, el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), instó al organismo auditor a que ubique con “alguna diligencia” las informaciones faltantes que, de acuerdo a Castillo, reposan en los archivos de la Contraloría General de la República.

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La posición de Castillo se debe a que en un informe dado a conocer por la Cámara de Cuentas establece que el Estado dejó de percibir más de 171 millones de pesos por supuestas irregularidades que encontró en contratos para la compra de material asfáltico AC-30 con la empresa de nombre General Supply Corporation SRL.

Se recuerda que algunas entidades había denunciado las supuestas anomalías en Obras Públicas mientras Castillo estuvo al frente cuando gobernó Danilo Medina.

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Las presuntas irregularidades que encontró la Cámara de Cuentas:

  • Limitación en el alcance de la investigación.Contratación sin evidencia del proceso de selección.
  • Ejecución de contrato sin evidencia de poder especial presidencial.
  • Contrato sin cláusula del monto contratado.
  • Contrato sin evidencia de registro en la Contraloría General de la República.
  • Adquisición de cemento asfáltico AC-30 sin evidencia de apropiación presupuestaria.
  • Adquisición de derivados de petróleo a empresa sin evidencia de licencia.
  • Ausencia de certificado de calidad y ensayos de verificación del AC-30.
  • Impuestos y recargos dejados de percibir por el Estado, ascendente a RD$171,999,103.
    a) Diferencia en AC-30 importado vs. facturado, por la cantidad de 2,884,623 galones, equivalente a RD$359,712,488.
    b) Diferencia en la factura NCFl 150000057 de fecha 4 de enero de 2017, facturado
    versus importado, por la cantidad de 29,265 galones, equivalente a RD$4,787,024.
  • Excedentes de cantidad, sin evidencia de ajustes de precio, por la suma de RD$
  • Pagos en exceso al monto contratado sin evidencia de justificación, por un monto de RD$484,117,400.
  • Pagos realizados sin evidencia de certificación DGII y TSS, ascendentes a RD$422,992,993.
  • Irregularidades en contrato suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y el Banco de Reservas.