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Feministas y defensores de la comunidad LGBT consideran esta ley como antiderecho. -Fuente externa
El Congreso de Guatemala votó a favor de una ley que prohíbe el matrimonio homosexual y eleva la pena de prisión por aborto. Solo se permite en el país cuando la vida de la madre corre peligro.
La Ley para la Protección de la Vida y la Familia, o iniciativa 5272, también prohíbe la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas.
Fue aprobada en la noche de este martes por una abrumadora mayoría en el Congreso. Solo ocho legisladores de 160 votaron en contra.
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Para que entre en vigor, deberá ser firmada por el presidente Alejandro Giammattei. Todavía no está claro si el mandatario la ratificará, pero muchos miembros (102) de su partido, el grupo conservador Vamos, votaron a favor.
Según la ley, las mujeres que «se hayan provocado su propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra persona para que lo lleve a cabo» enfrentarán un mínimo de cinco años de cárcel, pero las sentencias podrían ser mucho más altas.
Si la firma el presidente, reformará el Código Civil de Guatemala para «prohibir expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo».
La ley también estipula que se prohíba a las escuelas enseñar a los alumnos «cualquier otra cosa que no sea que la heterosexualidad es lo normal».
«Inconstitucional»
La medida legislativa fue presentada por primera vez en abril de 2017 por un grupo de parlamentarios que se autodenominan «provida», un concepto que causa controversia en una sociedad especialmente dividida por el tema de la interrupción del embarazo.
Una de las legisladoras que apoyó el proyecto de ley, Patricia Sandoval, dijo que «bajo el concepto de familia entendemos la unión entre un hombre y una mujer».
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El defensor de los derechos humanos, Jordán Rodas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), calificó la ley de violación de derechos y de «retroceso para la libertad» y prometió desafiarla.
La diputada opositora Lucrecia Hernández instó al presidente Giammattei a vetar la ley, argumentando que es inconstitucional.
Para asociaciones feministas y defensoras de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) esta es una ley «antiderechos».
