Hoy 
Hubiera sido un gran gesto de equilibrio político de parte de las autoridades nacionales aceptar el donativo del hospital temporal que ofertó el candidato presidencial Luis Abinader y su familia. Sobre todo porque el candidato presidencial del partido de Gobierno ha hecho donativos que se han aceptado de buenas ganas, algunos de los cuales fueron enviados a comprar a China. Estamos seguros que para la población la aceptación del hospital temporal de 120 camas de Luis Abinader y familia, para San Francisco de Macorís, hubiese sido otro motivo para reconocer la buena voluntad del Gobierno en su afán por combatir el Coronavirus.
El Gobierno debe investigar primero
El Gobierno central debe disponer una investigación, sin mayores dilaciones, de la denuncia de favoritismo a firmas improvisadas para adquirir medicamentos en el exterior, por más de mil 500 millones de pesos, para el combate del Coronavirus. El hecho fue divulgado por varios medios de comunicación y por redes sociales que ofrecieron detalles pormenorizados de la cuestión denunciada. La respuesta no puede ser la creación de una comisión de vigilancia de las compras que se hagan en lo adelante dentro del Estado de Emergencia. Las autoridades tienen que darle el frente a lo denunciado y decirle a la opinión pública qué pasó y qué no pasó. Por lo demás, la experiencia que tiene el país con las llamadas veedurías sociales, como mecanismos de control del gasto público, es muy pobre y frustrante. En algún momento existieron 24 comisiones de veedurías sociales, de 32 que el Gobierno aspiraba a formar. Aquello fue un hermoso intento de generar transparencia y de permitir que la sociedad civil sirviera de contención a los manejos inadecuados de los fondos públicos, pero las habilidades y recursos burocráticos con que cuenta la cultura de la opacidad se impusieron. Por eso lo recomendable ahora es que, ante la denuncia en cuestión, el Gobierno investigue y determine la veracidad o no de lo denunciado. Luego sería cuestión de que los señores legisladores ejerzan su función fiscalizadora en el marco de la comisión bicameral que da seguimiento al Estado de Emergencia.
