Críspulo Pérez 
Críspulo Pérez
La Cámara de Senadores de la República Dominicana aprobó en primera lectura un proyecto de ley tendiente a suprimir todas las exenciones, pero es vieja la disposición en contra de estas, basada en una falsa creencia que el fisco recibiría lo dejado de pagar por las empresas que gozan de dichas exenciones.
Craso error, pues precisamente por los incentivos con fuerte competencia, la mayoría de estas empresas se han instalado en el país.
Si el proyecto de marras incluye algunas de las exenciones establecidas en el Código Tributario el error sería mayor, puesto que su artículo 299 contiene exenciones indispensables por las exigencias doctrinarias.
Entendemos que de convertirse el proyecto en ley provocará un colapso de la economía nacional, por lo que es prudente realizar un estudio profundo de las exenciones acordadas mediante leyes de incentivos, para decidir cuáles deben permanecer vigentes, cuáles se pueden reducir o anular tomando en consideración si cumplen los objetivos de su creación.
Hay otras exenciones que le llaman privilegios, nosotros no lo vemos así, porque los estados tienen la obligación como patrono, de facilitar las condiciones requeridas para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.
Por ejemplo, hubo un tiempo en que los legisladores se veían obligados a viajar en autos públicos en perjuicio de la solemnidad de de sus cargos en un país sin medios efectivos de transporte.
Frente a una situación así por una interpretación alegre no se podría, válidamente, considerar como un privilegios las exenciones de nuestros legisladores sino realizar un estudio detallado de cada caso, para tomar una decisión equitativa, y dejar lo justo y eliminar lo incorrecto.
