Por Felipe Collado

La guerra arancelaria del presidente Trump podría llegar a la República Dominicana, si algún impuesto especial a los servicios digitales llega a materializarse. Esto es lo se puede interpretar de la orden ejecutiva firmada por el jefe del gobierno norteamericano en la que advierte de la imposición de aranceles a aquellos Estados que establezcan tasas o impuestos a las empresas de EE. UU. que brinden servicios digitales de forma extraterritorial.

No todo estaba dicho. Antes de esta orden la Casa Blanca emitió un memorándum en el que se afirma que el acuerdo global sobre el impuesto mínimo corporativo a estos servicios alcanzado en el marco de la OCDE «no tenía fuerza ni efecto» en Estados Unidos, el cual creaba ciertas condiciones para este tipo de impuesto que afecta a las empresas norteamericanas.

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En este memorándum se argumenta que dicho acuerdo “no sólo permite la jurisdicción extraterritorial sobre los ingresos estadounidenses, sino que también limita la capacidad de nuestra nación para promulgar políticas fiscales que favorezcan los intereses de las empresas y los trabajadores estadounidenses”. En ese mismo orden, se declara el retiro de Estados Unidos de dicho acuerdo, el cual se había negociado con 140 países durante la gestión del expresidente Biden.

Todo esto se veía venir, pues antes de estas últimas medidas en la casa Blanca de Trump se había declarado que solo Estados Unidos debería tener permitido gravar a las empresas estadounidenses. Y desde mucho antes también, cuando en su primera gestión se habían criticado estas medidas fiscales perjudiciales a las empresas americanas y ordenada una investigación de la sección 301 sobre impuestos a servicios digitales, fruto de la cual se impusieron aranceles adicionales sobre ciertos bienes provenientes de países que establecieron impuestos a estos servicios proveídos por empresas norteamericanas, aunque luego fueron suspendidos. En esa investigación se había concluido que dichos impuestos “discriminaban a las empresas digitales estadounidenses, eran incompatibles con los principios de la tributación internacional y suponían una carga para las empresas estadounidenses”.

La amenaza de estos aranceles de retaliación debería disuadir a las autoridades fiscales dominicanas de imponer alguna carga tributaria adicional contra empresas estadounidenses que brinden servicios digitales en el país, sin antes, por lo menos, verificar el alcance de esta medida en relación a cualquier iniciativa reglamentaria o legislativa del Ejecutivo dominicano que tenga por objeto establecer algún tipo de tributo sobre servicios digitales que afecten a empresas tecnológicas estadounidenses.