Carmen Imbert Brugal 
Carmen Imbert Brugal
La violencia no motiva, en el país, protestas multitudinarias ni exigencia de justicia. La creación de una “Comisión de la Verdad” para indagar la complicidad y autoría de los crímenes cometidos durante la tiranía quedó en la intención. De tiempo en tiempo se menciona la posibilidad de su existencia, pero jamás ha estado en la agenda pública. El tema es acallado como si el temor influyera en la apatía.
La violencia fascina, es la macana sin Trujillo en el imaginario colectivo. Comentamos homicidios, golpes, violaciones, con delectación. Del machete a la Glock, la hipocresía dicta. Algunos en voz baja, otros sin disimulo, detallan agresiones, se ufanan de la bravura propia, exhiben armas que compran y usan sin posibilidad de control. Del mismo modo mencionan, como escudo protector, el talante de sus amigos matones, con los que comparten gustos y bienestar.
La prédica ética, la obsesión por la pulcritud administrativa no incluye crímenes y delitos contra las personas. La omisión es la pitanza para la barbarie que garantiza gobernanza. El Poder Ejecutivo sigue una partitura, pero en los municipios la música es otra.
La mayestática narrativa de las primacías incluye el apoyo del presidente a los gobiernos locales. Afirman que nunca un gobernante había respaldado de manera tan contundente a los municipios. 4 mil millones para las alcaldías con la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. La erogación provocó la alabanza y convirtió al mandatario en “el primer presidente municipalista”.
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El respaldo no incluye la vigencia de derechos fundamentales. Eso es otra cosa. Los excesos y abusos son permitidos a los caciques municipales.
Alcaldes y alcaldesas saben cómo ganar elecciones y ganan. Las jefaturas partidarias conocen muy bien los caminos que conducen al triunfo y a la permanencia. Porque una cosa es el discurso y otra la realidad.
La “gestión descentralizada” es una aspiración que pretende “políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos”. Además, la descentralización ha incluido la impunidad en las alcaldías.
Es la política pequeña que no interesa a los propulsores del nuevo evangelio. Los dueños de las demarcaciones tienen licencia para hacer y deshacer, sin posibilidad de sanción ni amonestación.
El tejemaneje municipal obedece a otro quehacer. No se sostiene con las proclamas persecutoras de los buenos. Las conquistas institucionales, el caiga quien caiga, está lejos de las galleras, de los cementerios, del tráfico de personas, de los lupanares mugrientos y la contribución obligada para el gobierno local. La monserga no alcanza los drinks, las estaciones de gasolina, lavaderos de autos, las diversas tapaderas de “los calientes”, tampoco llega a las esquinas libres para el microtráfico.
Las amenazas del alcalde de Higüey aun periodista amedrentado, la exaltación del salvajismo, hecha con satisfacción, sin recato, se replica en otras regiones. El silencio apaña, permite el equilibrio. No es conveniente saber, menos divulgar.
El temor apareja la calma. Olvidaremos al militar asesino y al alcalde orgulloso de tener un sicario como espaldero. En Higüey, sagrados son los toros, no las vacas. Cholitín es uno bravo, intocable, necesario para la gobernabilidad.
