“Eso no es desarrollo, eso es un desastre. La palabra empieza similar, porque hay una línea muy fina entre una y otra”. Así expresó un residente nativo del pueblo de Mano Juan en la isla Saona, quien no quiso ser identificado por temor a que su voz sea silenciada. Isla Saona pertenece al Parque Nacional Cotubanamá (Parque del Este), un área protegida que recibe más de un millón de visitantes al año.
Se queja del crecimiento sin control, en ocasiones ilegales y a la vista de las autoridades gubernamentales. En primer lugar del aumento de los turoperadores de lanchas que llevan a los turistas a la isla y que muy pocos van a Mano Juan, a pesar de los acuerdos existentes, pues sus habitantes viven totalmente del turismo. La falta de recursos económicos los empuja sigilosamente a la pobreza, a la extrema pobreza y la desesperación.
Puede leer: Lo que hizo el Ministerio de la Presidencia en San Cristóbal
La segunda es la instalación de 800 kilovatios en generación de energía con paneles solares, con una planta que tiene capacidad de 1,250 kilovatios, por Compañía de Electricidad de Bayahibe (CEB), empresa subsidiaria del Consorcio Energético Punta Cana–Macao, S. A. (CEPM). Comenzó a operar formalmente en enero de este año, ya tienen 160 contratos de venta de energía de forma prepago y esperan que más personas se unan. Cuenta con un banco de baterías para que continúe sirviendo energía las 24 horas.
El costo a los usuarios es de 17 pesos el kilovatio.
Ante la pregunta de si podría darse la posibilidad de que la energía de aquí se venda a concesiones hoteleras. Responden: “Es parte del proyecto. Esta red que ustedes ven aquí llega hasta Catuana (playa al oeste de isla Saona) y hay derivaciones directamente hacia la playa, toda la red e infraestructura está instalada y los concesionarios ya tienen contratos y se les está proveyendo el servicio”, expreso Gabriel Rengifo, subgerente de Desarrollo de CEPM, al conversar con periodistas durante una visita a Mano Juan el pasado sábado.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en el contexto del Primer Taller de Periodismo Ambiental financiado por la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) y CEPM, y los periodistas fueron llevados a visitar este proyecto energético de CEPM en Isla Saona.
Rengifo dijo que hasta el momento la demanda es de 40 kilovatios y todo irá variando si los clientes deciden aumentar la cantidad de sus electrodomésticos.
La CEPM cuenta con apoyo y acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente para instalar estos paneles solares. Así mismo ya empezó a trabajar en una planta desalinizadora de agua.
Personas residentes hablaron con temor y en voz baja de la situación que pasa en isla Saona y repetían que “nos tenemos que cuidar”, “tememos ser maltratados”. También se escondían y se escurrían entre sus casas ante la visita de los periodistas.
“El problema no es tener luz, porque sí la necesitamos. Sino la forma”, dijo un señor que tomaba fresco en el patio.
Habitantes denunciaron que se han perforado los suelos de forma lineal y se han abierto zanja con compresores en la tierra en un suelo coralino que podría afectar a la isla.
“Nos están vendiendo restos de cristales por el oro y plata”, dijo entre dientes una persona. Recordando la colonización de España a América.
Pero hay otro temor, que todas estas instalaciones que son necesarias, sostenibles y un apoyo social para ellos, lleven al final a atraer grandes cadenas hoteleras en Saona, dejando a un lado a los ciudadanos.
Área protegida = pocas infraestructuras
El pueblo de Mano Juan fue fundado en 1944, durante la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, por 12 familias llevadas allí para que sirvieran de centinelas de sus recursos. Con el decreto 1311 del 16 de septiembre de 1975, fue declarada zona protegida y se les prometió a los habitantes que en lo adelante vivirían del turismo.
Se prohibieron las actividades agrícolas y pecuarias y se les instó a trabajar artesanía, la pesca, ser guías turísticos, entre otras actividades que no impacten el medio ambiente. Además, se les permitió vivir a las 12 familias y a sus descendientes respetando sus derechos adquiridos, pero a nadie más y los visitantes debían salir a la 4:00 p.m. de la isla o contar con un permiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para pernoctar.
Y las edificaciones en concreto, perforaciones, excavaciones, entre otras, están prohibidas, según artículos de las leyes 64-00, de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la 202-04, de Áreas Protegidas y la 67-74, de Parques Nacionales. Y de hacerse. deben contar con autorización y consulta del Ministerio de Medio Ambiente.
“A nosotros se nos prohíben hacer una mejora al ranchito. Y si no tenemos que cumplir mil requisitos y hay que pagarles a los encargados de las instituciones gubernamentales para que sea posible”, expresó una señora residente consultada.
Se estima que la población es de 260 personas que viven ahí desde hace más de 15 o 20 años y los nuevos migrantes suman 500 entre trabajadores y nuevos residentes.
Ante la falta de recursos y actividades para vivir personas descendientes de las 12 primeras familias que trajo Trujillo a la isla se han mudado a otras zonas del país y han alquilado sus casas a extranjeros, o a pequeños inversionistas hoteleros dominicanos que hacen de esas propiedades un negocio de renta corta. También algunas personas optan por construir un pequeño anexo en el patio para vivir y rentar la casa para estadía de turistas.
Afirmaron hay presencia de ciudadanos de Chile, Italia, Francia, España y más operando pequeños hoteles de forma ilegal y sin permisos.