Continuamente en nuestro país se presentan escándalos sociales en los que se encuentran envueltos dirigentes políticos, legisladores, funcionarios, peloteros, artistas y personajes destacados de los medios de comunicación. En estos escándalos se destaca la recurrencia de hechos violatorios del Código del Menor y de la Ley 136—03 que favorece la protección de la niñez y adolescencia.

La permisividad presente en el abordaje de los casos de abuso y explotación sexual escondidos tras el velo de “relaciones sexuales con menores” por personas adultas es lamentable. Tenemos varias décadas de aprobación del Código del Menor y la Ley 136-03, que establece la penalización hacia estas prácticas consideradas dentro de las manifestaciones de violencia y abuso sexual.

El reciente caso de un pelotero reconocido, sometido a la Justicia por incurrir en esta práctica a sabiendas (como bien señala) de que estaba violando el sistema de protección al menor, es un ejemplo de la gravedad del problema en nuestro país. Este caso tiene además una doble penalidad, no solo fue un ejercicio de abuso sexual sino también de explotación sexual, dado el uso de transacciones económicas como “compra” y “venta” del cuerpo de la niña en la que se incluye a la familia.

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La familia, al igual que el pelotero, incurrió en una práctica de trata de menores para explotación sexual con la comercialización del cuerpo de la niña desde el velo de “noviazgo”. Lamentablemente la opinión pública y las redes le han dado otro carácter a este caso dejando de lado su contenido delictivo, de violencia y violación de derechos.

Ambos, tanto la familia como el pelotero, deben ser penalizados por ejercer este delito y por violentar el marco legal que ampara a la víctima.

Lamentablemente en nuestra sociedad las prácticas de trata de menores se invisibilizan y se manejan desde la culpabilización de las víctimas en la opinión pública y en las redes sociales. Las niñas y adolescentes abusadas son culpabilizadas por el abuso y explotación sexual que sufrieron y los perpetradores se convierten en víctimas de ellas o se les justifica sus acciones desde la normalización de la comercialización de sus cuerpos con transacciones económicas que las hunden en la cosificación sexual.

Las niñas y adolescentes que son víctimas de estas prácticas de abuso sexual y de venta de sus cuerpos por sus familias sufren múltiples secuelas en su vida afectiva y en su desarrollo evolutivo.

Las consecuencias psicológicas y sociales en ellas no son una prioridad para quienes justifican estas acciones en las redes y opinión pública. Por el contrario, desconocen por completo su realidad y sus necesidades de atención y asistencia como víctimas.