Javier Herrera 
La Procurduría, la Policía y la DNCD se reunieron en el Palacio de Justicia de Santiago, mientras se desarrollaban los allanamientos este lunes.
La J, deportado de Estados Unidos luego de cumplir una condena por narcotráfico, y cuyo nombre de pila es Joel Ambioris Pimentel García, luego de asegurar que no tiene «nada que ver» con las amenazas que le sindican contra Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, aseveró en un extenso comunicado compartido por su abogado Tomás Castro, que lo están usando «como chivo expiatorio para dar solución al descontrol carcelario existente, y para convertirlo en la panacea de los problemas
penitenciarios de la República Dominicana».
El señalado de enviarle los mensajes de texto a la procuradora general, entiende que la gestión de Miriam Germán «ha fracasado». «Por lo que, pretendiendo acusarme injustamente, y hacerme responsable de un sistema penitenciario que al parecer es fallido, se busca exonerar a los verdaderos involucrados, lo que
constituye un abuso de proporciones mayúsculas», dijo.
En la comunicación, el condenado por narcotráfico indicó que fue el comunicador Rafael Guerrero quien lo señaló de haber enviado los mensajes por WhatsApp contra Germán Brito. «Llama poderosamente la atención que se me acuse de narcotráfico pero no existe incautado medio gramo de droga vinculado a mí, que se me acuse de poseer control de 300 sicarios, pero tampoco he tenido vínculo con la actividad del sicariato», acotó.
«Tras las mentiras realizadas por este mercenario del micrófono, Rafael Guerrero, no solo resalta el interés de las personas a las cuales protege, de que el suscrito, que repito, no tiene casos pendientes ni en el país ni en el resto del mundo, sea involucrado en un caso, llevado y encerrado en las cárceles dominicanas durante, al menos, el tiempo que tarde el proceso de investigación, ya que quien no tiene hechas no tiene sospechas», dijo la J en el cumunicado.
Asimismo, negó conocer al exprocurador general de la República, Jean Alan Rodríguez, con quien han afirmado que acordó el supuesto control de cárceles. Además, desmintió su militancia en partido político alguno.
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Las acotaciones de la J se dan a pocas horas de que la Procuraduría General de la República, con la asistencia de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), allanara varias viviendas con un despliegue de 71 fiscales y más de 1,300 agentes de la diferentes agencias de sesguridad.
Durante el operativo, denominado Operación Halcón IV, según la Fiscalía, en el Cibao se apresaron a 10 personas ligadas supuestamente a una poderosa red internacional a la que se le adjudican varios crímenes, entre ellos, sicariato, tráfico de drogas, entre otros.
Se cree que la operación podría estar vinculada a la red del cibercrimen organizado, que estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos y que fue desmantelada bajo la Operación Discovery.
De acuerdo a las autoridades, las maniobras ilícitas de la red, desmantelada en marzo del año pasado, fueron evidenciadas vía las transacciones y la cantidad de llamadas y datos registrados en los equipos electrónicos ocupados y analizados durante el desarrollo de la investigación.
