Con mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene que planificar su accionar para que se corresponda con las iniciativas del Poder Ejecutivo, concentrado en la prioridad de enfrentar la expansión del coronavirus y sus críticas derivaciones económicas y sociales.

Los gestores de todo el gobierno tendrán que tener en cuenta las altas expectativas creadas en una ciudadanía consciente, con preponderancia de la clase media, que otorgó el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo al Partido Revolucionario Moderno (PRM) bajo el compromiso del “cambio verdadero”.

Un discurso inspirador
La opinión pública acogió a unanimidad el discurso inaugural del presidente Luis Abinader Corona, inspirador por su llamado a la unidad nacional para enfrentar la triple crisis de salud, económica y social, por sus énfasis en las transformaciones del Estado y la manera de dirigirlo, por la energía con que expresó la urgencia de revocar la corrupción y la impunidad, con una Procuraduría General independiente, a la altura de las expectativas.

A punto de cumplirse la primera semana aún resuenan en la población los discursos de Abinader y del nuevo presidente del Senado, Eduardo Estrella, resaltando que ambos alcanzaron las mayores ovaciones de la Asamblea Nacional, con muy pocos invitados aparte de los diplomáticos y delegados extranjeros, cuando se refirieron al compromiso de preservar los bienes oficiales, sancionar la corrupción pasada o futura, y rescatar las instituciones democráticas, con un gobierno transparente y en disposición de consultar y rendir cuentas.

Como era de esperarse por la crisis de salubridad, que conllevaba más de 1,400 fallecidos y de 84 mil contagiados, en plena expansión, el discurso y el inicio del gobierno han estado centrados en establecer una nueva estrategia para superarla en el menor tiempo posible, reparar sus daños económicos y sociales y poder abordar reformas como las fiscales.

La primera semana no alcanzó para concluir las consultas y ponderaciones sobre la forma en que se iniciará el año escolar, pero sí para anunciar disposiciones contra el covid-19, resaltando un incremento de 15 mil millones de pesos para la salubridad pública, la contratación de un millar de médicos adicionales, multiplicación de los laboratorios y las pruebas de detección del virus, la incorporación del Colegio Médico y de los ayuntamientos a las acciones gubernamentales y una próxima consulta a todo el liderazgo nacional, además de la extensión hasta diciembre de los programas sociales de emergencia. De esa forma respondió reclamos generalizados desde el inicio de la crisis.
Un gabinete brillante
La designación de Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso como Procuradora General y Procuradora Adjunta, anunciada dos horas antes de la toma de posesión y las primeras juramentadas, fue la culminación de un gabinete caracterizado por la brillantez profesional y ética de casi todos los escogidos, aunque en un par de casos no parecían con buena ubicación, lo que disgustó a quienes aspiran a la perfección y alentó a los deseosos de encontrar las pifias de un mánager que empezó con muy alto promedio de bateo, de carreras empujadas y anotadas.

Resaltan las cualidades gerenciales del economista y empresario Abinader, que ha dejado amplia iniciativa a sus altos ejecutivos para armar sus propios equipos, que en muchos casos han sido constituidos con los mejores profesionales, muchos sin militancia partidista, y otros provenientes de la sociedad civil organizada, con frecuencia jóvenes y en su mayoría personas de edad media sin previo ejercicio gubernamental.

La designación de dos o tres miembros de mismas familias despertó críticas de quienes aspiran a la perfección de un sistema político que ha perdido confianza en grado extremo, pero exageradas al considerar, por ejemplo, que la designación del bien preparado nieto del expresidente Hipólito Mejía, Juan Garrigó Mejía, como viceministro de gestión social, constituye nepotismo porque se madre es la alcaldesa capitalina.

Tampoco lo es la designación, también como viceministra, de la abogada Dilia Leticia Jorge, hija del expresidente Jorge Blanco, porque su hermano, alto dirigente del PRM Orlando Jorge, es Ministro de Medio Ambiente. En el pasado gobierno había familias enteras, hasta con diez cargos públicos, comenzando por la del mismo presidente de la República. Hasta ahora no se conoce de algún familiar directo de Abinader designado en su administración.

Un gran reto del gobierno
Tal vez por lo difícil que fue la ruta para poner fin al dominio peledeísta de cuatro períodos consecutivos de gobierno y cinco de los últimos seis, las expectativas de cambio superan las reales posibilidades. Hay incluso quienes esperan transformaciones más allá del centrista programa del PRM y del mismo presidente Abinader.

No es el caso del Centro Social Juan Montalvo, entidad promotora de derechos de los sacerdotes jesuitas, la que proclamó esta primera semana, que “el gobierno tiene el reto de no alejarse de los principales reclamos sociales”, sosteniendo que muchos electores votaron por un cambio, sobre todo hastiados de las desmesuras del gobierno del PLD.

La prestigiosa institución religiosa se refirió específicamente a la participación social, rendición de cuentas, eliminación de la corrupción y la impunidad, así como de las “bocinas en los medios de comunicación”, y particularmente al escándalo Odebrecht, estimándolo inconcluso, y a la independencia de la justicia, ya abonada por el presidente Abinader, que ha dado pasos también con el anuncio de eliminar organismos inoperantes y refundir duplicidades.

El Congreso está desafiado desde las instancias sociales, a eliminar sus programas de “asistencia social”, que no es facultad de los legisladores, los denominados barrilitos y cofrecitos, símbolo del clientelismo y la malversación.

Eso debería ser de las primeras iniciativas de la mayoría perremeísta, después que el nuevo presidente del Senado, Eduardo Estrella, el funcionario electivo que alcanzó mayor proporción de votos con el respaldo de 16 partidos, anunció su decisión de renunciar a todos los privilegios del cargo.

Los senadores reciben, en proporción a sus representados, hasta más de un millón de pesos mensuales, además del pago de hotel y de una oficina con cinco asistentes en la capital y otra con diez en las provincias, local y servicios, guardaespaldas, exoneraciones de vehículos y combustibles.

La herencia de cargos
La Cámara de Diputados tiene ya una oportunidad para mandar señales de cambio, por la renuncia de tres de sus miembros recién electos, Nelson Arroyo, Olmedo Caba y Josefa Castillo, que dejaron sus curules para dirigir los Institutos de Telecomunicaciones, y Recursos Hidráulicos, así como la Superintendencia de Seguros.

Se discute públicamente el rumor de que querrían continuar el frecuente nepotismo de dejar en herencia a cónyuges o hijos las curules, cuando lo democrático sería escoger los del propio partido que les siguieron en votación en sus jurisdicciones.

Desde la barrida electoral del 5 de julio se ha dicho que mientras contiene y revierte la crisis sanitaria y sus secuelas de graves precariedades económicas, el descomunal incremento del desempleo y la pobreza, el nuevo gobierno tendrá que afianzarse en las reformas del Estado, en la fortaleza de la institucionalidad democrática, el control de todo género de malversación, corrupción e impunidad.

El presidente Abinader es de los que lo ha planteado y comenzó a dar ejemplos que deben ser seguidos por su partido y particularmente por el Congreso Nacional, que por demás tiene muchos proyectos prioritarios pendientes.

El mismo Pacheco señaló entre ellos., el de Ley del Agua y Ley de Participación Social, los que en vez de dividir, unifican a la población.

No hay dudas de que el PRM está sometido a prueba, y si no comienza por las cosas que unifican al país, incluso pequeñas, y que suponen ahorro del escaso dinero público, será difícil que llegue a las grandes. Y no deben olvidar el origen de su poder, particularmente el apoyo de las clases medias y de los sectores ilustrados y grupos sociales que aspiran a un país mejor organizado, con menos desigualdades y de mayor decencia política y respeto por los electores.