Las recomendaciones del alcalde de Lawrence, Brian De Peña, a sus homólogos de RD

Las recomendaciones del alcalde de Lawrence, Brian De Peña, a sus homólogos de RD

Brian A. DePeña

Para el alcalde de la ciudad Lawrence, en Massachusetts, Brian De Peña, la dependencia de las Alcaldías dominicanas del sistema de gobierno podría representar uno de los principales escollos contra la correcta gestión a favor de los habitantes de la República Dominicana.

«No tienen la independencia que deben tener. Por ejemplo, allá, (en Lawrence) el alcalde controla el agua. La centralización del Gobierno ahoga las Alcaldías, pero si el alcalde de aquí manejara su presupuesto como lo manejo yo allá, que yo soy quien dice cuánto se va a poner, cuándo se va a aumentar el agua… Allá yo soy el que nombra al jefe de la Policía, soy quien hace los ascensos, soy el jefe de los bomberos, jefe del sistema de educación, pero también pongo los impuestos de los negocios. El Gobierno federal tiene sus impuestos, pero localmente yo puedo poner impuestos. Si hay una propiedad que no paga sus impuestos, la ciudad de Lawrence puede ponerla en el mercado y venderla», explicó De Peña.

Al ser entrevistado por los periodistas Rafael Santos, Joel Suero y Javier Herrera, en exclusiva para el periódico Hoy, el alcalde, que nació en Miches y es además un reconocido empresario en la citada ciudad estadounidense, manifestó que los cabildos, cuya visión es satisfacer las demandas de los munícipes y articular las intervenciones de los actores relevantes de sus respectivas demarcaciones, pudieran optimizar sus ejecuciones si contaran con independencia presupuestaria. «Si a ti te dijeron que, por ejemplo, te tocan 10 millones de pesos para tu Alcaldía, tienes que limitarte a eso, pero no sucede lo mismo en Lawrence», acotó.

En ese sentido, puntualizó que de esa manera las Alcaldías podrían distribuir mejor los recursos económicos para las ejecuciones. «Mi presupuesto lo hago yo, basado en las necesidades que el pueblo tiene, aquí en la República Dominicana no, tú te sometes a lo que el Gobierno te da», aseveró.

De Peña dijo que, cuando se reunió con el presidente Luis Abinader hace varios meses, le manifestó la necesidad de que el Gobierno descentralice «tanto poder que tiene» sobre las Alcaldías.

«¿Cómo es posible que una dependencia de la Policía Nacional (comandos de las diferentes regiones) los gobierne alguien desde la capital (el director general)? Eso es ilógico. Si el jefe de la Policía lo controlara las Alcaldías, fuera diferente. Nosotros en Lawrence somos los que les pagamos a la Policía, el Gobierno no tiene nada con los policías», cuestionó.

El empresario político criollo resaltó que, debido a las ejecuciones que se han hecho durante su gestión (un año y nueve meses), la ciudad estadounidense del estado Massachusetts, se ha posicionado el puesto número 2 de una lista de las 10 demarcaciones del citado estado norteamericano que registraron mayor crecimiento y avance económico.

Pero además, y pese al contexto económico mundial, dijo que Lawrence tiene «el mayor superávit que ha tenido la ciudad. Cuando la ciudad tenía 12 millones de superávit salía en la primera plana de los periódicos. Hoy nosotros tenemos un superávit de 58 millones de dólares».

La distribución local

Se recuerda presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza, informó el año pasado a todos los alcaldes municipales y distritales que deben tener en cuenta la nueva distribución del gasto municipal dispuesta en la Ley 366-22 de Presupuesto General del Estado.

Según sostuvo, en la Ley se incluye una disposición que suspende durante el ejercicio presupuestario del 2023, los porcentajes actuales que delimitan cómo los gobiernos locales deben invertir los recursos procedentes de las transferencias ordinarias.

Según lo dispuesto en la Ley 366-22, para la elaboración de los presupuestos municipales que se ejecutarán el próximo año, los nuevos porcentajes de distribución del gasto serán: hasta un 30 % de la transferencia ordinaria para gasto de personal y nómina, al menos el 30 % para inversiones de capital e infraestructura, hasta un 36 % para servicios municipales y un 4 % destinado a programas de educación, salud y género.