Las medidas de coerción constituyen importantes mecanismos para evitar que un imputado se sustraiga de un proceso penal durante la fase de investigación. Según lo que establece el artículo 226 del Código Procesal Penal, las medidas podrán consistir en: garantía económica, impedimento de salida del país, el sometimiento a la vigilancia del ente determinado por el juez que imponga la medida, presentación periódica, la colocación de localizadores electrónicos, el arresto domiciliario o la prisión preventiva, la cual es excepcional.

Las condiciones para imponer una medida de coerción son las siguientes: cuando existan suficientes pruebas de que el imputado probablemente es el autor o cómplice de la infracción, el peligro de fuga y que la infracción conlleve una sanción de pena privativa de libertad. Por su naturaleza, los procesos penales suelen generar muchas emociones acaloradas y demasiado apasionamiento, sobre todo en circunstancias que involucran aspectos de interés general, sin embargo, como ya se ha dicho, la prisión preventiva es la excepción, no la regla, debido a que es la medida más gravosa, puesto que afecta uno de los derechos fundamentales más preciados para cualquier ser humano: el derecho a la libertad personal, entre otros importantes derechos, de modo que el juez que esté conociendo el proceso la impone siempre que ciertamente se cumplan los presupuestos que requieran la imposición de dicha medida y no de otra.

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Debido a la particularidad de ciertos casos, suele pasar que las partes de los procesos penales o sus abogados, así como el Ministerio Público muestren su desacuerdo con el resultado de la decisión adoptada por el juez, también suele suceder que atendiendo al factor controversial del caso y a su impacto social, algunas personas no ligadas a este también presentan sus inconformidades, precisamente, actualmente se ha podido observar que algunos abogados, fiscales o la sociedad manifiestan su negativa a través de los medios tradicionales o de las redes sociales, que en ocasiones se desbordan de lo jurídico y se convierten en opiniones meramente valorativas sobre los jueces, sobre todo en los procesos en los que se varía la prisión preventiva por otra medida que (aunque menos restrictiva) también procura asegurar la presencia del imputado.

Es entendible que los ciudadanos sientan como suyos los procesos penales y que en consecuencia exijan justicia a los órganos jurisdiccionales, pero es importante destacar que por fortuna el derecho dispone de un sinnúmero de herramientas que nos permiten expresar todas esas inconformidades sin caer en lo personal y sobre todo, sin que tengamos que emitir opiniones valorativas que puedan afectar la imagen de los juzgadores a cargo, que si bien es cierto son funcionarios públicos, sujetos al escrutinio de los ciudadanos y cuyas decisiones pueden ser cuestionadas, no menos cierto es que para ello están las vías de derecho que dispone el ordenamiento jurídico, a través de los distintos medios recursivos que el mismo dispone. Es lamentable que en los últimos días se hayan utilizado expresiones degradantes, humillantes y un sinnúmero de ofensas basadas en especulaciones que ponen en peligro la independencia judicial y el Estado social y democrático de derecho. Como la vestimenta, no existe el juez a nuestra medida, pero sí el juez apegado al ordenamiento jurídico, ese debería ser nuestro mayor anhelo.