En las últimas dos décadas, el ejercicio de las organizaciones políticas en la República Dominicana ha tenido un alto nivel de descrédito, fruto de la desviación total de sus fines y por el aprovechamiento despiadado de los recursos económicos que éstas manejan, los medios de información en los que éstas inciden y la maniobra a conveniencia del momento electoral por parte de los sujetos que han actuado en ellas. Así, se ha generado más que descontento en la ciudadania, haciéndose presente la ausencia de medidas que diriman las decepciones. Por estas razones, desde hace tiempo ha nacido un imperioso interés por parte de la sociedad dominicana de sujetar a las organizaciones políticas a un sistema regulado, como forma de reconducir dichas entidades a sus fines y propósitos y evitar con ello la desafortunada desnaturalización —para nada casual—, de las instituciones encargadas de velar por la democracia dentro del sistema político vigente.

La semana pasada, fue aprobado en primera lectura el Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas de la República Dominicana. La decisión fue tomada dentro del escenario político irrespetuoso al que la mayoría de nuestros ´´representantes´´ nos tienen acostumbrados. Aunque posteriormente, la pieza tuvo que ser retirada durante la segunda lectura derivado de la imposibilidad de imposición mecánica del supuesto consenso a todos los ´´legisladores´´. Esto se tradujo en una serie de cuestionamientos de parte y parte, atribuyendo el partido oficialista la responsabilidad de la no aprobación en una segundo lectura, al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y al Partido Revolucionario Moderno (PRM), cual si se tratara de una pieza legislativa que —como estaba elaborada— significaría un paso de avance en el plano democrático.

No es cierto que el legislador dominicano haya tenido la correcta intención de crear un contrapeso al mal funcionamiento del sistema político-partidario en nuestro país. Por el contrario, la iniciativa legislativa de referencia, es un digno ejemplo de gatopardismo, que “cambie algo para que nada cambie”, ya que lo aprobado a contrapelo de las necesidades y expresiones democráticas que imperan hoy día, reniega del difícil consenso alcanzado en los últimos 10 años en torno a la discusión que se ha generado acerca de transformar el sistema de partidos de nuestro país.

El Proyecto de Ley de Partidos Políticos contiene —a simple vista— cuantiosas deficiencias que dejan en evidencia la creación de una norma hecha de espaldas al pueblo, cuando es éste el que sufrirá los desaciertos de una disposición de este tipo. No se han tomado en cuenta las realidades sociales, políticas, económicas y culturales que podrían permitir transformaciones a través de la aplicación de regulaciones jurídicas sobre los partidos y agrupaciones políticas, haciendo caso omiso a las exigencias de las mayorías. Esto ha devenido en obviar la pormenorización de detalles tan importantes como aquellos pertenecientes al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, ya que nuestros ´´legisladores´´ se han atrevido a suprimir presupuestos normativos como lo son permitir la utilización de los fondos públicos para fines puramente politiqueros y personalistas, así como también intentar que persistan las aguas de ese mar de contradicciones y vacíos mantenido por nuestra clase política que abre la oportunidad a la falta de transparencia y a la poca fiscalización al momento de recibir fondos privados para el financiamiento de las campañas, todo esto en medio de un clima político tempestuoso donde se le acusa a un ex presidente de la República Dominicana de haber tomado dinero de un confeso narcotraficante.

La problemática y el desconcierto que ha generado la falta de equidad en la repartición en torno a las finanzas públicas por parte de los partidos políticos en toda la historia dominicana consideramos que merece, por las variables que pudiera producir este tema, que se regule en una ley de carácter especial, ya que es éste un atentado para la democracia impidiendo la participación plural y en condiciones de equilibrio de los partidos políticos.

Esto serviría como mecanismo de transparencia y de democratización para con quienes delegan su voluntad en los distintos miembros de los partidos y las agrupaciones políticas, dando por sentado mayores y más específicas restricciones en cuanto al accionar económico y un mayor alcance de la norma. Por otro lado, podríamos evitar con ello también la malversación de las finanzas a lo interno de los partidos políticos, pues mediante una auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), el PRD no pudo justificar el gasto de más de 1,200 millones de pesos esgrimidos entre el 2009 y el 2012, por lo que no se trata de una simple contenido más de una ley, sino que la misma debe presentar sanciones específicas en estos casos para tampoco pasar por alto menoscabos de este tipo, como no es el caso en nuestro Proyecto de Ley de Partidos, donde —como ya hemos insistido— hay lagunas necesarias de subsanar.

De igual modo, tampoco toma en cuenta que la norma pudiera promulgarse a sólo un año de las elecciones presidenciales y congresuales donde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pretende mantener su espuria hegemonía, cometiendo el error de la imposición antidemocrática sobre la base de que ya no les importa ser indiferentes ante las necesidades ciudadanas reales, puesto que desde hace tiempo se han encargado de secuestrar la conciencia política. Más aún, el Proyecto de Ley de Partidos representa un freno al surgimiento de movimientos políticos alternativos, ya que impone una serie de condiciones imposibles de cumplir para nuevas organizaciones políticas que pretendan incorporarse al sistema de partidos, legitimando los obstáculos económicos inmediatos que obligan a las agrupaciones políticas a que se ajusten a exigencias materiales en el proyecto de ley y que tienen como propósito impedir el nacimiento y el mantenimiento de nuevas y legítimas opciones de poder alternativas.

La desconfianza normalizada y normativizada, los pedimentos ciudadanos, el pluralismo ideológico y el extravío del fin político actual parecieran no generar ruido en los oídos -dudo que corazones- de nuestros legisladores. En la República Dominicana los cambios de raíz son tan sólo un anhelo. No puede pretenderse que una norma concebida por seres humanos sea totalmente perfecta, sin embargo no puede suceder que sus designios adulterinos politiqueros provoquen mayores disconformidades que la posible adecuación de la misma al territorio donde vaya a ser aplicada.

No podrían defenderse ni siquiera mínimos presupuestos contenidos en nuestro Proyecto de Ley de Partidos y que, de hacerlo, también podría dudarse de su aplicación al plano concreto, cuando el escenario es otro. Se percibe una norma que ni siquiera llega a ser técnica y apartada de lo que fuera el ideal a lograrse con ella.

La no aprobación del Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas en una segunda lectura, demuestra que en la República Dominicana no tenemos ni siquiera partidos sino mafias que actúan para defender intereses espurios, como si el tema se tratase de quién gana más que quién. Debe saberse que el PLD es el principal responsable de esta situación irregular para la aprobación de esta ley, dado a que es quien controla todos los poderes del Estado e iba a ser innegablemente el principal beneficiario de ésta. No resulta extraño que las posiciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) fueron de complicidad, ya que decidieron tranzar con el oficialismo en este sentido cuando se les fue asegurado que aquellos que obtenga el 5% de los votos quedarían dentro del reparto del 80% de los fondos públicos, pues a esto han venido jugando desde hace tiempo. No podríamos hablar de que en los debates se generara una posición que fuese a la raíz, pues la posición del PRD fue tibia y manejable, mientras que las más confrontativas pueden atribuírseles al PRM, ente que pretende someter un proyecto de ley diferente al que se ventilaba en la Cámara de Diputados.

Haber retirado la pieza legislativa del Congreso no significa un triunfo para la política dominicana, pues el hecho de habernos quedado sin ley indica que el PLD podrá seguir campeando por sus fueros. Muchas son las voces que esperan algún cambio sustancial en la vida política de nuestro país. Pero de igual manera, muchos son los subterfugios contenidos en el Proyecto de Ley de Partidos de la República Dominicana para continuar legitimando una práctica política impura y que en nada procura custodiar nuestra tantas veces pisoteada democracia.