Hoy 
Tras la vista pública que a reclamos de sectores de la sociedad permitió formular atendibles objeciones al texto del Código Penal a punto de ser aprobado apresuradamente, las observaciones formuladas constructivamente quedaron fuera de toda democrática atención por parte de la comisión congresual supuestamente abierta a los disensos. Las propuestas que mediante debates pudieran haber avanzado eclécticamente hacia la mayor legitimación posible del contenido no desplazaron ni mínimamente lo que ya estaba escrito con persistencia de más de 30 aspectos del proyecto considerados violadores de derechos fundamentalmente de la mujer y de la niñez y generadores de discriminaciones que expresan retroceso. La intensa unilateralidad y aferramiento a esquemas y condicionamientos que la sociedad dominicana necesita superar no deben seguir siendo determinantes en la negación de una legislación moderna y justa.
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Con prudencia y respeto a las diferencias de opiniones de los dominicanos, el presidente Luis Abinader ha demandado nuevos esfuerzos dirigidos a conclusiones que no dejen fuera aplastantemente a ninguna de las posiciones predominantes en esta confrontación de criterios sostenidos por las partes con igualdad de derechos. Desde su compromiso con principios jurídicos que han guiado a la mayoría de la naciones para regirse por normas penales actualizadas, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, se sumó al reclamo de que el proyecto en examen derive de un acuerdo nacional que supere distorsiones y contradicciones inaceptables para una parte de la comunidad.
