La organización Marcha Verde rechazó la propuesta de un contrato de fideicomiso para las plantas de carbón de Punta Catalina, ya que con el mismo se busca entregar su administración a sectores privados, mientras al mismo tiempo quedan impunes los actores de todas las estafas ocurridas durante el proceso de licitación y construcción del proyecto.

Deploró que en muchas ocasiones ha demandado en las calles y ha depositado solicitudes formales al Ministerio Público para que el proyecto Punta Catalina sea investigado por múltiples irregularidades de corrupción denunciadas, entre las que se incluyen: sobornos no declarados por Odebrecht, informes amañados, sobrevaluaciones y sobrecostos pagados sin auditorías y financiamiento ilegal de campañas electorales.

Indicó que hasta ahora el Ministerio Público ha respondido estas demandas con silencio y de repente, “como si estuviéramos dormidos”, el presidente Abinader sorprende al país con una propuesta de contrato de fideicomiso.

“El pueblo dominicano ha estado a la espera de que la persecución a la corrupción en la obra pública más costosa de la historia de la nación, envíe a juicio a los principales culpables; sin embargo, la noticia del fideicomiso que somete el presidente desvela que ya se ha ofrecido al sector privado bajo un contrato donde el Estado cede la obra sin garantías de que el pueblo mantendrá la propiedad de ese patrimonio que ha costado enormes sacrificios del presupuesto nacional”, expresó la organización en un comunicado.

Afirma que la decisión del presidente ha causado preocupante inquietud en amplios sectores que exigen que la obra sea sometida a una auditoría forense y los que sean culpables de los desenfrenos contra el Estado se sometan a la acción de la justicia para recuperar lo robado.

Critica además que la planta inició su operación hace más de dos años y comenzó a suplir los tradicionales déficits del sistema eléctrico nacional, aunque todavía no se ha producido el tan ofrecido reajuste de la tarifa eléctrica.

“Por demás, la entrega a sectores privados de ese bien público estratégico es un retroceso imperdonable que no vamos a permitir”, advirtió.

“Nos oponemos al fideicomiso de Punta Catalina y cualquier negociación con agentes privados nacionales o extranjeros que ponga en riesgo la propiedad pública de este valioso patrimonio.

Punta Catalina debe ser administrada por el Estado Dominicano, designando personas que asuman esa función pública con capacidad administrativa, técnica y con la transparencia que requiere el manejo de recursos públicos”, concluyó.