El país se enfrenta a una crisis de transporte y movilidad que ha alcanzado niveles alarmantes. Los titulares de prensa resaltan el colapso de las vías y el caos en las calles.

Las noticias ponen de manifiesto la gravedad de la situación y destacan el impacto negativo en la productividad, los costos y la calidad de vida de los ciudadanos.

El problema trasciende la congestión vehicular, abarca también el incumplimiento generalizado de las normas de tránsito y la falta de respeto por parte de conductores y peatones.

Esta situación ha llevado a un escenario caótico donde la ley parece perder su validez y eficacia, generando un ambiente propicio para la imprudencia, la agresión y la violencia en las vías.

Puede leer: Marina Ortiz daría prioridad a calidad de la educación

El periódico HOY divulga las ideas de la destacada investigadora social Marina Ortiz, como lo hace con otros profesionales dominicanos, quien señala esta problemática y ofrece su visión de políticas públicas para abordar esta y otras crisis de manera integral, en el escenario hipotético de que fuera presidente de la República.

Este ejercicio imaginario tiene la intención de aportar al debate nacional medidas que alivien la situación actual y promuevan un cambio cultural en la sociedad dominicana.

Fomento del teletrabajo y horarios escalonados

Una de las soluciones que propondría Ortiz sería promover el teletrabajo para aquellas actividades que no requieren presencia física constante en las empresas e instituciones públicas. Esto reduciría la demanda de desplazamientos durante las horas pico y aliviaría la presión sobre las vías congestionadas.

Además, plantearía la implementación de horarios escalonados sectorizados, en colaboración con empresarios y trabajadores, para distribuir de manera más equitativa los tiempos de llegada y salida, evitando así la concentración masiva de vehículos.

Transporte público

Se propondría fortalecer el transporte público como una alternativa viable y atractiva para reducir la dependencia del transporte privado individual. Esto incluye la expansión del sistema de metro en Santo Domingo y la creación de una red de autobuses eficiente y segura que complemente este servicio.

El objetivo sería ofrecer a los ciudadanos opciones de movilidad accesibles y confiables que disminuyan la necesidad de utilizar vehículos personales.

Seguridad ciudadana

Para garantizar la efectividad de estas medidas, Ortiz cree fundamental abordar la seguridad ciudadana en las vías públicas. Este tema hace que la socióloga abra los ojos y entrecruce las manos. Teme por la integridad de los que recorrerían el trayecto entre sus casas y el transporte colectivo. Se propondría aumentar la iluminación nocturna mediante el uso de energía alternativa, como la solar, para disuadir la delincuencia y mejorar la sensación de seguridad, especialmente en áreas vulnerables. Además, invertiría en infraestructuras viales y señalización adecuadas para optimizar la circulación y prevenir accidentes.

Educación y concienciación vial

Por último, promovería la educación vial y la concienciación ciudadana como parte integral de estas políticas. Para esto diseñaría campañas educativas dirigidas a conductores, peatones y estudiantes para fomentar el respeto por las normas de tránsito, la cortesía en las vías y la responsabilidad individual en la seguridad vial.

En conjunto, estas medidas buscarían abordar la crisis del transporte y la movilidad desde una perspectiva holística, que no solo se enfocarían en la infraestructura vial, sino que también promoverían un cambio cultural hacia una convivencia más segura y respetuosa en las calles.

Fortalecimiento del tejido empresarial

La República Dominicana enfrenta retos en el ámbito empresarial, donde la informalidad, la falta de capacitación y la ausencia de políticas específicas obstaculizan el desarrollo sostenible de las empresas, especialmente las microempresas.

Al hablar del tema, a Marina le brillan los ojos y se muerde los labios, el tema le apasiona, pues ha dedicado más de tres décadas a investigar, escribir y promover iniciativas para el desarrollo de las mipymes.

Desde la perspectiva de la reconocida investigadora, la necesidad de fortalecer el tejido empresarial se hace evidente en un entorno donde la competitividad y la innovación son esenciales para el crecimiento económico y la generación de empleo.

Marina Ortiz, en su visión de políticas públicas, se comprometería a implementar una serie de medidas orientadas a fortalecer el tejido empresarial dominicano, abordando las necesidades específicas de diferentes tipos de empresas y promoviendo la inclusión de grupos vulnerables, como las mujeres emprendedoras.

Renovación tecnológica y capacitación

Se propondría establecer programas de apoyo para la renovación tecnológica en las empresas, brindando incentivos y asistencia técnica para la adopción de nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia y la calidad de los productos y servicios. Además, promovería la capacitación continua de los recursos humanos, para garantizar que las empresas cuenten con personal calificado y actualizado en las últimas tendencias y prácticas empresariales.

Apoyo a microempresas y emprendimientos

Implementaría programas específicos dirigidos a fortalecer las capacidades técnicas y de gestión administrativa de las microempresas, proporcionando asesoramiento y recursos para mejorar su funcionamiento y sostenibilidad. Esto incluiría iniciativas para facilitar el acceso a financiamiento, así como la simplificación de trámites administrativos y fiscales para reducir la informalidad y promover la formalización de estas empresas.

Empoderar a empresarias

Desarrollaría programas con un enfoque especial en el apoyo a las mujeres emprendedoras, reconociendo su papel crucial en el desarrollo económico y social del país. Estos programas incluirían capacitación, acceso a financiamiento y asistencia técnica específicamente diseñada para abordar las barreras que enfrentan las mujeres en el ámbito empresarial.

Facilidad de pagos y financiamiento

Buscaría soluciones para abordar el descalce entre el pago de impuestos y servicios gubernamentales y el cobro de facturas por parte de las empresas. Exploraría opciones como el pago de impuestos con facturas pendientes de pago del Gobierno y el establecimiento de un marco legal para el factoring, que permita a las empresas acceder a financiamiento utilizando sus cuentas por cobrar como garantía.