El periodista español Miguel Ángel Ordóñez, premio Ortega y Gasset de Periodismo y que laboró hace años en la República Dominicana, ha presentado una queja ante el país y alertado a las autoridades europeas y españolas por lo que considera una decisión judicial “absolutamente arbitraria y abusiva que desdice de cualquier institucionalidad de un Estado de derecho homologable”.

Se refiere a una decisión de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que lo ha declarado en rebeldía a pesar de no haber sido citado correctamente en su domicilio en España, para que responda a una querella interpuesta en su contra por los empresarios hispano-dominicanos Jesús Barderas y Abraham Hazoury, tras la publicación en ese país del libro de su autoría “Negocios de bajos vuelos”.

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Indica que en la obra se explican “los intríngulis” de la controversial concesión de los aeropuertos estatales a ambos empresarios, los orígenes de la privatización, los antecedentes de algunos involucrados, las claves de su intento de reeditar el lucrativo negocio de AERODOM con el polémico Aeropuerto Internacional de Bávaro, así como la reiterativa aparición de sus nombres en tramas de corrupción de España.

Agrega que aunque el libro fue publicado en 2021, en España, los empresarios esperaron un año y medio para presentar una querella en tribunales dominicanos contra Ordóñez, por presuntos delitos sobre expresión y difusión del pensamiento.

Señala que no obstante Barderas y Hazoury conocer perfectamente su lugar de residencia en España, esperaron a que Ordóñez pasase unos días en Santo Domingo a impartir una conferencia sobre periodismo, en agosto de 2023, para notificarle dicha querella, por lo que antes de retornar a su lugar de residencia designó un representante legal en el país.

Agrega que la jueza Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, presidenta del tribunal, ordenó que Ordóñez fuera «regularmente convocado» en su domicilio en España, y que la convocatoria de cualquier audiencia sea tramitada vía consulado; y que sin esperar a que el Ministerio de Relaciones Exteriores llegase a entregar a Ordóñez su citación a una audiencia, el pasado 20 de febrero se celebró una vista, pero con el juez interino Julián Antonio Vargas Luna quien, “ contraviniendo las instrucciones de la jueza Ramírez Cabrera, “la acusación privada se había encargado de fabricar otra notificación en domicilio desconocido, sin esperar a agotar la vía de la citación consular, mostrando de nuevo sus aviesas intenciones”, dice en un documento.