La República Dominicana tiene una de las mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito en el mundo, con alrededor de 65 muertes al año por cada cien mil habitantes, siendo cerca del 90% de las víctimas hombres.

La tragedia encapsula un problema grave: la incapacidad de los Gobiernos dominicanos de poner reglas claras, hacerlas cumplir a todos por igual, y sancionar a quienes no cumplan. Por eso hay un desorden en el tránsito y tantas pérdidas de vidas y discapacitados.

En las calles, carreteras y autopistas circulan motores y vehículos de todo tipo a altísima velocidad, algunos van en el carril equivocado, muchos rebasan o cruzan por cualquier lado y atascan las intercepciones, los oficiales del tránsito violentan innecesariamente los semáforos, y muchas calles y carreteras carecen de señalización adecuada.

El origen del problema es viejo: una Policía corrupta e ineficaz. La ciudadanía, por su lado, abusa de la velocidad y del alcohol, principales causantes de los accidentes de tránsito, agravada la situación ahora por los celulares. Y mucha gente no teme a los policías porque con un soborno resuelve.

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Las causas son conocidas y las soluciones también, pero ningún Gobierno ha tomado cartas en el asunto en la magnitud necesaria.

La República Dominicana no puede seguir de espaldas a esta cruda realidad. El costo humano, social y laboral de los accidentes de tránsito es muy alto: muertes, personas discapacitadas, familias fracturadas, reducción de la capacidad laboral y gastos médicos excesivos.

Aunque se sabe lo que hay que hacer y no se hace, hay que insistir en las soluciones.

Profesionalizar las autoridades del transporte y no asignarles tareas que no pueden cumplir, como dirigir el tráfico de una ciudad grande en horas pico. Los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), antes conocidos como AMET, no pueden de manera efectiva dirigir el tráfico de Santo Domingo; se necesitan semáforos inteligentes.

El Gobierno, en vez de tener publicidad para promocionar funcionarios públicos, debe hacer una campaña masiva de información por los medios de comunicación y las redes sociales, para que la población tome conciencia del problema y entienda las medidas de control. La Presidencia y Obras Públicas deberían utilizar sus spots publicitarios para este propósito durante un tiempo.

El Gobierno debe impulsar con determinación todas las medidas de control del tránsito para que la población entienda que hay intención de enfrentar el problema, no simplemente amagar.

Organizar el tránsito requiere un Estado comprometido con la ley y el orden, no con la corrupción y el desorden. Hay que sancionar a quienes manejan con un nivel de alcohol inaceptable, y se requiere una ciudadanía con intención de respetar la ley, aun sea por miedo a las consecuencias.

Ojalá el Gobierno se anime a enfrentar este problema estableciendo metas por año hasta reducir al mínimo los accidentes. Reducir sustancialmente los accidentes de tránsito equivale a un seguro de vida para toda la población.

En estos días de Semana Santa, cuando tanta gente se moviliza en el país, tengan mucho cuidado.