La peor decisión que pudiera adoptar el gobierno a instalarse el próximo 16 de agosto sería decretar un nuevo borrón y cuenta nueva, como ya sugieren, hasta en tono de chantaje, los defensores de la depredación nacional, porque lo llevaría a un rápido divorcio de los anhelos nacionales expresados contundentemente en los últimos años por la Marcha Verde, los jóvenes de las plazas y casi todas las encuestas, las que registran la corrupción y la impunidad entre las tres mayores preocupaciones sociales.

La política de borrón y cuenta nueva ha sido nefasta en la historia nacional, incentivadora de crímenes y del latrocinio, bajo la generalizada convicción de que nunca el brazo de la justicia alcanzará a los depredadores o a los asesinos. Todo ha sido impunidad, y esta sociedad nunca ha tenido una comisión de la verdad que esclareciera siquiera medianamente los millares de crímenes de la Era de Trujillo, ni los de los 12 años del balaguerismo.

Nadie pagó nunca por las torturas inmundas y los asesinatos de dos centenares de heroicos jóvenes que en 1959 desafiaron la tiranía.Tampoco ha habido una condena formal para los asesinos de los héroes del 30 de mayo, ni para los responsables del fusilamiento de Manolo Tavárez y sus compañeros después que entregaron las armas con las que pretendieron combatir el ignominioso golpe de Estado del 1963, ni a los genocidas de San Isidro que bombardearon la población civil dos años después.

Tampoco se formalizó siquiera una acusación judicial contra quienes fusilaron al héroe nacional Francisco Caamaño Deñó, defensor supremo de la soberanía nacional y la Constitución de la República.

Todos esos crímenes se ejecutaron acompañados por las más vulgares expropiaciones del patrimonio nacional, desde aquel jefe que convirtió el país en una hacienda particular, a los militares y políticos sin escrúpulos que se han hecho multimillonarios a la vista de todos, amparados siempre en su poder de chantaje cuando aparece un nuevo gobierno con pretensiones de justicia.

El presidente electo, Luis Abinader, está consciente de la pendiente enjabonada del borrón y cuenta nueva. Y ha comenzado por advertir a los que con él llegan al poder, de que no se permitirá la continuidad del latrocinio. Su primera designación de funcionarios, con advertencia incluida, recayó sobre ese símbolo nacional que es la doctora Milagros Ortiz Bosch, como directora del Consejo Nacional de Ética, Transparencia y Prevención de la Corrupción.

Y casi de inmediato solicitó la colaboración de un profesional de la transparencia y la lucha contra la corrupción, como lo es Carlos Pimentel, hasta ahora director ejecutivo de Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, para encabezar la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado.

Contra la depredación de los bienes públicos apuntan también los anuncios de disolución del Despacho de la Primera Dama, convertido en agencia de promoción política depredadora de casi mil millones de pesos anuales, y del antro de la corrupción en que fue convertido el Consejo Estatal del Azúcar, y la fundición de organismos clientelares, redundantes y deficientes como la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales. Mientras se contemplan muchas otras.

Como siempre, a nombre de la gobernabilidad se empieza a advertir sobre un supuesto circo, y sobre el derecho al trabajo de decenas de miles de botellas, cuando se habla de justicia, de austeridad y de defender el patrimonio común mediante un Ministerio Público constituido por juristas independientes, que no serán dirigentes del bloque de partidos por asumir el gobierno. Y no faltan quienes quieren apropiarse del proyecto de unidad nacional para combatir el covid-19 y sus graves consecuencias económicas y sociales.

La unidad nacional procede, pero también para combatir la corrupción y borrar la impunidad del “to e to y na e na”. Luis Abinader y la coalición socio-política que personificó el PRM, lograron una avalancha de votos el 5 de julio porque la sociedad dio crédito a sus propuestas de cambio, entre las cuales resalta la lucha contra la corrupción y la impunidad.

En las actuales circunstancias, cuando necesitará un gran respaldo nacional para enfrentar la desgracia del coronavirus y sus derivaciones, es hasta imprudente pedirle otro borrón y cuenta nueva. Eso debe proscribirse para siempre como forma de impedir la continuidad de la apropiación del patrimonio nacional.-