Una fábrica de block ubicada en San Francisco de Macorís, supuestamente propiedad del coronel Rafael Núñez de Aza, se encuentra entre los lugares allanados la mañana de este jueves por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

De acuerdo con informaciones obtenidas, las autoridades también intervinieron en la referida provincia, una residencia del coronel que cumple prisión preventiva, donde se encuentran una familia en calidad de detenida. Según se informó los operativos iniciaron en el lugar a las 8 de la mañana.

Asimismo, en imágenes que circulan por las redes sociales, se observa un vehículo del Ministerio Público y un camión de bomberos frente a una residencia en Buena Vista, de Jarabacoa. Se desconoce a quién pertenece.

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El procurador adjunto Wilson Camacho manifestó que la razón de los 18 allanamientos en diferentes provincias del país, fue para llegar hasta el último peso que se hayan robado del erario, los vinculados en la Operación Coral.

El magistrado explicó que hasta el momento están recolectado evidencias, por lo que los allanamientos están todavía en progreso. “En la medida en que los allanamientos se cierren, entonces vamos a estar en condición de saber si por alguna razón, se han realizado arrestos o no”, dijo.

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Además de San Francisco de Macorís, los operativos se llevaron a cabo en La Vega, Monte Plata, el Distrito Nacional y en la provincia Santo Domingo.

Wilson Camacho agregó que los allanamientos incluyen varían fincas, villas, apartamentos, locales comerciales, entre otros, y que el fin es recolectar las evidencias e incautar bienes.

Por el caso, se encuentran cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres y Mujeres, el mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza, Alejandro Montero.

En tanto que Raúl Alejandro Girón Jiménez, cumple arresto domiciliario bajo custodia de la Procuraduría General de la República. Asimismo, la jueza aprobó la solicitud que hiciera el Ministerio Público, de declarar el caso complejo.

Los encartados son acusados de haber creado un entramado militar y policial con el interés de depredar el erario, que incurrió en actos de corrupción contra el Estado dominicano, por más de 3 mil millones de pesos.

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