El Ministerio Público (MP), a través de la Operación Flor de Loto, rescató a 45 mujeres colombianas y venezolanas víctimas de explotación sexual en allanamientos ejecutados en varios residenciales del sector Gurabo, al norte de esta ciudad.

El órgano acusador informó que depositó el sábado la solicitud de medidas de coerción en contra de los cabecillas de la estructura criminal. Hoy está prevista la audiencia para conocer la medida de coerción, aunque no se especificó la hora.

Tras varios meses de seguimiento y vigilancia, para irrumpir en las entrañas de la estructura y conocer su modus operandi, la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, con el apoyo de la Policía Nacional, lograron rescatar a las féminas, 43 de ellas de nacionalidad colombiana y dos venezolanas.

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Según las autoridades, los tratantes y proxenetas mantenían a las mujeres cautivas en varios apartamentos ubicados en los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, de Los Rieles de Gurabo, donde aseguran que eran explotadas sexualmente.

Era por Whatsapp

Con la ejecución de unos 15 allanamientos las autoridades informaron que pudieron constatar que se trata de una bien estructurada organización del crimen, integrada por los imputados Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez, quienes viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus víctimas, costeando procesos migratorios y de vivienda, atando con esta deuda a las víctimas, que debían ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos, para poder saldar la deuda.

Las féminas eran víctimas de explotación sexual comercial y otros crímenes conexos, ya que dependían de los tratantes para movilizarse de lugar a otro.

Los hombres arrestados durante la operación tenían bajo control los documentos de identidad de algunas de estas víctimas y, además, tenían control del pago que hacían sus clientes, con quienes ellos coordinaban el catálogo de servicios sexuales y los precios a pagar a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp.

Más de 300 pruebas

Durante los allanamientos los organismos involucrados se incautaron de más de 300 pruebas, entre materiales, documentales y otras testimoniales, que vinculan a los imputados con la actividad criminal.

El MP, que solicita la prisión preventiva y se declare complejo el proceso, presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a la Ley 137-03, Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y a los artículos 265, 266, 333, 334, del Código Penal, que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo, en perjuicio de las víctimas y el Estado.

Reclaman buen trato

Las extrajeras, que fueron llevadas a una casa de acogida en Los Ríos, denunciaron ayer que no son escuchada por las autoridades diplomáticas de sus países y que no les dan la alimentación necesaria.
“Queremos ser escuchadas por el cónsul, que reconozcan nuestro derecho a la libertad de comunicación con nuestras familias. Nos dan una comida recalentada y nos tratan como si somos delincuentes”, expresó una de las víctimas de trata, al salir a la verja perimetral de la casa en donde se encuentran.

Meses de investigación

El MP dijo que la liberación de estas víctimas es el resultado de una investigación que requirió de un exhaustivo seguimiento y vigilancia, entre otras labores de inteligencia para conocer desde su seno cómo operaba la red criminal que, a sabiendas de la vulnerabilidad y necesidad económica de las víctimas, las sometían a extenuantes jornadas laborales sexuales y forzosas, privándolas de su dignidad y violentando sus derechos humanos.

Más de 100 personas

El titular de la Fiscalía de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, informó que en el desarrollo de los 15 allanamientos, que demandaron la disposición de más de 100 personas entre fiscales, fiscalizadores y oficiales de la Policía Nacional y que realizaron el mayor de los esfuerzos por resguardar a las víctimas.

Agregó que, más allá de la ilicitud de estas actividades, envían un mensaje en favor de la dignidad de las mujeres y de las familias que residen en los residenciales donde la organización criminal quiso implantar un estado promiscuo.

La Ley 137-03 Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, sanciona los delitos de tráfico y trata de personas de los que se desprenden un sin número de violaciones a la dignidad humana.

Los apartamentos donde residían las víctimas eran alquilados por los imputados, que las mantenían bajo vigilancia para garantizar la “inversión”. A los procesados les ocuparon sustancias controladas y armas.