Según el testimonio de Fernando Crisóstomo, delator de la Operación Calamar, cuando fue interrogado por los procuradores titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), la red encabezada por los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, no permitió el pago de la expropiación del terreno donde se encuentra el Jardín Botánico.
Crisóstomo asegura que que la red ofreció el pago del 40% del monto correspondiente, pero «Eso no caminó así», dijo el colaborador del Ministerio Público en el Caso Calamar.
En 2019 el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda incluir en su presupuesto partidas para el pago de expropiación de los terrenos donde fue construido el Jardín Botánico Nacional, inaugurado en el 1976, luego de acoger una acción de amparo interpuesta por María Teresa del Cueto, viuda del propietario de los terrenos, José Velázquez Fernández, y de sus hijas María Teresa Velázquez del Cueto, María Rosa Velázquez del Cueto y Sara Velázquez del Cueto (hijas), quienes llevan más de 40 años gestionando ese pago.
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Operación Calamar y Jardín Botánico
El tribunal ordenó al Ministerio de Hacienda ordenó que el pago se incluyera en el presupuesto de 2019 y/o 2020, año en el que la institución aún era dirigida por Donald Guerrero, el pago justo de las parcelas número 34-B-1 y 34-C-1, Distrito Catastral número. 4, ubicadas en el sector de los Altos de Arroyo Hondo II, del Distrito Nacional.
Además, el organismo impuso el pago a favor del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, a cargo del Ministerio de Hacienda, por un monto RD$10,000.00 por cada día de incumplimiento de la sentencia, computados a partir de la fecha en la cual no se realizara la consignación presupuestaria.
“Producto de múltiples diligencias y solicitudes de pago de los referidos terrenos, y transcurridos más de cuarenta (40) años, sin que, hasta la fecha, el Estado dominicano, haya realizado el pago de los mismos, las señoras María Teresa del Cueto, María Teresa Velázquez del Cueto, María Rosa Velázquez del Cueto y Sara Velázquez del Cueto, interpusieron una acción de amparo, a fin de que se condene al Estado dominicano y sus dependencias, al pago del justo precio de los referidos inmuebles”, señaló el TC.