La CIDH opina, La República Dominicana decide

Por Ramón Nuñez Ramírez

El más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), titulado “CIDH reitera preocupación por medidas que afectan derechos de personas en movilidad humana”, vuelve a evidenciar un desconocimiento, cuando no un abierto irrespeto, a la condición de la República Dominicana como Estado soberano, sujeto a una Constitución y a un marco legal que definen con claridad su política migratoria.

El documento, más que un informe técnico, parece un relato panfletario: se apoya en denuncias de organizaciones de la sociedad civil no identificadas. Por ejemplo, afirma que en los hospitales del Servicio Nacional de Salud se exige identificación a las personas que requieren atención médica, insinuando que ello se traduce en la negación de servicios a inmigrantes en condición irregular. Se omite, de manera irresponsable, que ese requisito también se aplica a los ciudadanos dominicanos y que, en la práctica, los inmigrantes indocumentados reciben atención médica; una vez recuperados, incluidas las parturientas, se procede conforme a la ley a su repatriación.

¿Por qué la CIDH guarda silencio sobre el hecho de que hijos de inmigrantes ilegales, sin documentación, son inscritos en las escuelas públicas, generando una presión tal sobre el sistema que termina desplazando a niños dominicanos, a quienes el Estado debe costear matrículas en centros privados?

Sin tomarse la molestia de visitar los centros de detención migratoria, el informe afirma que “en por lo menos cuatro centros utilizados para detener a estas personas existen condiciones de hacinamiento, insalubridad, alimentación deficiente y falta de acceso a servicios de salud”. Es evidente que no se trata de hoteles; sin embargo, la descripción es falsa y contrasta con la tragedia humanitaria que padecen millones de personas en su propio “país fallido”, situación que, paradójicamente, no concita la misma atención de la CIDH.

No podía faltar la acusación de discriminación racial y perfilamiento racial en las repatriaciones. Incluso se llega al extremo de afirmar que “en la República Dominicana la población afrodescendiente se ha encontrado históricamente en situación de vulnerabilidad en cuanto al acceso y goce efectivo de sus derechos”. En un país multiétnico y mestizo, resulta insostenible hablar de discriminación estructural contra los afrodescendientes, quienes han ocupado y ocupan posiciones relevantes en los partidos políticos, los gobiernos, los cargos electivos, el sector privado y en todas las áreas de la vida nacional.

Aunque la CIDH reconoce formalmente el derecho de cada país a definir sus políticas migratorias, en la práctica deslegitima las nuestras al ampararse en el artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el principio de no devolución cuando la vida o la libertad de una persona corran peligro en su país de origen. Aplicado sin matices, ese principio implicaría que la República Dominicana deba acoger a la mayoría de la población haitiana, cuya vida peligra por la violencia de bandas armadas y el hambre.

¿Por qué la CIDH no llama la atención a Estados Unidos y otras naciones que deportan inmigrantes haitianos en condición irregular?

El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió el 7 de febrero con altura diplomática a este pronunciamiento de la CIDH. En el mismo tenor se expresaron el expresidente Leonel Fernández y diversas personalidades de la vida nacional.

La mejor respuesta a la CIDH es continuar aplicando nuestra Constitución y nuestras leyes, manteniendo un nivel sostenido de deportaciones, por supuesto, con estricto respeto a los derechos humanos.