La competencia desleal y su impacto en la seguridad nacional

Nuevamente se abre el debate sobre el impacto en los negocios de capital nacional por parte del comercio minorista operado por extranjeros, principalmente de origen asiático. Colectivos de comerciantes han advertido que estas prácticas configuran competencia desleal, mientras que los representantes de los comercios denunciados han respondido que “vender más barato no es deslealtad, es oferta de precio”. Sin embargo, esa afirmación ignora la esencia del problema. La Ley 42-08 de Defensa de la Competencia establece con claridad que los precios predatorios —aquellos fijados deliberadamente por debajo del costo real de producción con el objetivo de eliminar competidores y dominar el mercado— son ilícitos y constituyen una grave distorsión económica.

El jurista español José María Manresa y Navarro, en su obra sobre derecho mercantil, señala que “la competencia desleal es aquella que se aparta de las reglas de la buena fe comercial, utilizando medios para atraer clientela y desplazar a los competidores legítimos”. Esta definición encaja con precisión en lo que ocurre en nuestra realidad nacional: prácticas con precios bajos que erosionan el tejido productivo de capital local y debilitan la competencia.

En la República Dominicana, el precio incide directamente en la percepción de la calidad. En el imaginario popular, cuando un producto es barato, de baja durabilidad o carece de respaldo de marca reconocida, se le califica sencillamente como “chino”. Esta expresión refleja la idea de que lo barato puede resolver una necesidad inmediata, pero solo de manera momentánea, ya que los artículos suelen deteriorarse con rapidez, obligando al consumidor a repetir la compra. El resultado es un ciclo de consumo que erosiona el bolsillo. En este contexto, lo barato no es ahorro; como bien dice el refrán, lo barato sale caro, y además afecta la venta nacional y debilita el comercio criollo.

Un fenómeno similar se observó con los tradicionales pica pollos, que pasaron de múltiples establecimientos y franquicias dominicanas a subsistir en unos pocos, desplazados por negocios de comida china. Hoy ese patrón se repite en otros sectores: tiendas de muebles, ferreterías y comercios tradicionales están siendo sustituidos por establecimientos que ofrecen mercancías a menor precio, reproduciendo el mismo esquema de desplazamiento y debilitamiento de la inversión nacional. Esta dinámica puede derivar, en un futuro cercano, en lo que el derecho internacional denomina dumping: vender por debajo del costo para ganar mercado y, una vez eliminada la competencia, elevar los precios. Pretender que eso es justo resulta tan engañoso como llamar “solidario” a quien presta dinero con usura.

La seguridad nacional, definida por el general ecuatoriano Paco Moncayo como “la capacidad del Estado para proteger su soberanía, su integridad territorial y la cohesión de la sociedad”, encuentra en la seguridad económica su fundamento más tangible. Esta última no se limita a números ni a balances macroeconómicos, sino que se expresa en la posibilidad de ofrecer empleo digno, sostener inversiones estables, cultivar la confianza del consumidor y resguardar el capital propio de la nación. Cuando se abre paso la competencia desleal mediante precios predatorios, el daño no se reduce al ámbito comercial: se destruyen fuentes de trabajo, se debilita la producción criolla, se frena el emprendimiento y la innovación, y se erosiona la cohesión social que sostiene la legitimidad del Estado.

En consecuencia, esas prácticas no solo afectan la estabilidad de los comercios de capital nacional, sino que representan una amenaza directa para la seguridad económica del Estado. Al debilitar el capital local, se reduce la capacidad de garantizar empleos dignos y el desarrollo económico. Esa pérdida de la producción nacional y el desplazamiento de los comercios tradicionales generan una peligrosa dependencia externa. Este escenario no es una competencia desleal simple y sencilla, sino un riesgo profundo, ya que se crea una vulnerabilidad económica que se convierte en una amenaza a la expresión económica del poder nacional e impacta nuestra seguridad nacional.

La República Dominicana no necesita cerrar sus puertas al comercio extranjero; necesita fortalecer sus mecanismos de supervisión y control. La apertura comercial no puede confundirse con permisividad absoluta. Proteger el capital nacional es proteger la estabilidad de la nación. Quienes insisten en que “todo es oferta y demanda” reducen un problema complejo a una consigna vacía, subestimando el escenario geoestratégico comercial y la seguridad económica del Estado. No se trata de un simple juego de precios, sino de la defensa del aparato productivo nacional. El dumping no es una oportunidad, es una amenaza, porque detrás de cada mercancía excesivamente barata y sin control se esconde un riesgo profundo para la sociedad, para la seguridad económica y, en consecuencia, para la seguridad nacional.