El Congreso debe rechazar el otro proyecto de ley mordaza

“La libertad no se defiende con el silencio, sino con la palabra libre”.

Norberto Bobbio, filósofo prominente del Siglo XX del derecho y de la política italiana.

En mayo de 2025, el Poder Ejecutivo depositó en el Senado de la República el proyecto de ley cuyo propósito consiste en regular la libertad de expresión y medios digitales elaborado por una comisión designada por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 333-22, en junio de 2022, a los fines de sustituir la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento promulgada hace 63 años.

La iniciativa legislativa, denominada en los mentideros como “ley mordaza”, al igual que la Ley 1-24 anulada por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia TC/0767/24 de fecha 6 de diciembre de 2024, ha sido objeto de diversas interpretaciones y debates en la esfera pública.

El jurista Namphi Rodríguez, coordinador de la comisión encargada de su redacción, ha defendido públicamente la propuesta, planteando que se trata de una normativa caracterizada por su enfoque garantista, alineada con estándares internacionales. Sin embargo, algunas voces críticas han expresado preocupaciones sobre ciertos aspectos del proyecto de marras.

La pretensión de “ordenar” el ecosistema de la comunicación en el país, conformado por la prensa, la radio, la TV, los espectáculos públicos y las redes sociales y plataformas digitales, a través de la creación de figuras que procuran “proteger” derechos tales como la rectificación, honra e intimidad, incluye infracciones sustentadas en el precepto dudoso de “sin censura previa”.

Solo hay que ver que el proyecto pretende crear una autoridad administrativa dependiente del Ministerio de Cultura, con facultades de supervisión sobre contenidos audiovisuales y digitales denominada Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), cuya matrícula sería designada por el Gobierno, sin concurso público ni mandatos escalonados y con potestades sobre la producción y divulgación de contenidos.

En ese tenor, estamos expuestos ante un riesgo regulatorio para la libertad de expresión que choca con garantías constitucionales establecidas en el Artículo 49 de nuestra Carta Magna cuyo fin consiste precisamente en resguardar un derecho fundamental destinado a proteger la libertad de expresión e información y prohibir, de manera clara y contundente, la censura previa. En otras palabras, crear un ente normativo dependiente de un Ministerio para “regular” un ámbito intangible y complejo como la comunicación carece de sentido si no es independiente, con autonomía real, no hueca. Ahí está el fallo.

En principio, la idea de elaborar una normativa con la pretensión de establecer mecanismos regulatorios para un ecosistema que opera en el ámbito de plataformas caracterizadas por el caos, la falta de control y un desenfreno carente de principios éticos, utilizado con frecuencia para el insulto, la descalificación, la calumnia y el daño irreparable de la reputación, intimidad e integridad de las personas, tiene asidero y se sustenta en una realidad a la vista de todos.

Ahora bien, esa justificada pretensión no puede lograrse sobre la base de una intención por buena que sea. Sancionar la difusión de “noticias falsas” (fake news) sin establecer un método efectivo que evite el daño que esta mala práctica pueda ocasionar, tiene la vocación de vulnerar la libertad de expresión, considerando que en un sistema democrático se requieren de correctivos y réplicas, no solo el castigo como medida sancionadora.

La libertad de prensa es un patrimonio nacional que no puede ser instrumentalizado mediante leyes que legitimen el control previo o la vigilancia (el big brother de George Orwell) de los contenidos y las informaciones que se divulgan a través de los medios tradicionales, las redes sociales y plataformas digitales.

Y resulta que, en el ámbito de la Comunicación Social, tenemos una tarea pendiente: aunar esfuerzos para desarrollar una cultura orientada a la verificación de datos (fact checking), antídoto por excelencia para erradicar la desinformación y manipulación.

Los senadores y diputados, sin importar banderías políticas, tienen en sus manos oponerse con la firmeza a la aprobación de otra ley mordaza. Esa debe ser la decisión de los congresistas que demandan las circunstancias.