El costo invisible de la ineficiencia del Estado

La lentitud institucional, el silencio administrativo y la falta de respuesta oportuna no son simples fallas de gestión: constituyen vulneraciones a derechos fundamentales que impactan directamente en la vida de los ciudadanos.

En la República Dominicana, la ineficiencia del Estado no siempre aparece en los titulares, pero se manifiesta de forma constante en la vida cotidiana de la gente. Se expresa en filas interminables, en expedientes que se acumulan sin decisión, en solicitudes que no reciben respuesta y en procesos administrativos que se prolongan más allá de lo razonable.

En los últimos meses, distintos reportes periodísticos han puesto en evidencia esta realidad: irregularidades, dilaciones y anulación de procesos de compras en múltiples instituciones; congestión en servicios esenciales y respuestas tardías —cuando llegan— a solicitudes ciudadanas. Estos hechos no son aislados; configuran un patrón que revela debilidades estructurales en la gestión pública.

Lo más preocupante es que esta ineficiencia no es neutra. Tiene consecuencias concretas. Y esas consecuencias recaen directamente sobre los ciudadanos.

Cada trámite que no avanza afecta a un emprendedor que no puede formalizar su negocio, a una empresa que no recibe pagos a tiempo, a un ciudadano que no logra acceder a un servicio básico. La burocracia excesiva y la inacción administrativa se convierten, en la práctica, en obstáculos al desarrollo y a la igualdad de oportunidades.

Desde el punto de vista constitucional, la administración pública está sujeta a los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y servicio al interés general. Así lo consagra la Constitución de la República, que no establece estos principios como aspiraciones, sino como mandatos vinculantes.

En la misma línea, la Ley núm. 107-13, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, refuerza este mandato al reconocer el derecho de los ciudadanos a una buena administración. Esto implica recibir respuestas dentro de plazos razonables, obtener decisiones debidamente motivadas y ser tratados con respeto y diligencia. Sin embargo, en la práctica, estos principios muchas veces se diluyen.

El silencio administrativo, la dilación injustificada y la falta de ejecución de decisiones constituyen formas de actuación contrarias al ordenamiento jurídico. Y aquí es donde el debate debe elevarse: la ineficiencia del Estado no es solo un problema de gestión; es una cuestión de legalidad.

Más aún, la Ley de Función Pública establece deberes claros para los servidores públicos, entre ellos el cumplimiento eficiente de sus funciones y la responsabilidad en el ejercicio del cargo. El incumplimiento de estos deberes no debería quedar sin consecuencias, especialmente cuando afecta derechos de terceros.

En un Estado social y democrático de derecho, la administración no puede actuar con indiferencia frente a los efectos de su inacción. Cuando el Estado actúa tarde, actúa mal, de forma ineficiente o simplemente no actúa, genera daños. Y esos daños, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, deben ser reparados. La responsabilidad patrimonial del Estado no es una figura teórica; es una garantía para los ciudadanos frente a la inacción o el mal funcionamiento de la administración.

Pero más allá del marco legal, hay una dimensión que no podemos ignorar: la humana.

La ineficiencia institucional desgasta, frustra y deslegitima. Erosiona la confianza en las instituciones y alimenta una percepción cada vez más extendida de desconexión entre el Estado y la ciudadanía. Y cuando la ciudadanía deja de creer en el Estado, el problema deja de ser administrativo y se convierte en un desafío democrático.

Por eso, este no es un tema menor.

Hablar de eficiencia pública es hablar de dignidad, de oportunidades y de desarrollo. Es reconocer que detrás de cada expediente hay una historia, una necesidad, una expectativa. El país ha avanzado en marcos normativos, en digitalización y en modernización institucional. Pero aún persiste una brecha entre la norma y la práctica.

Cerrar esa brecha no es solo una tarea técnica; es una decisión política.

Un Estado que no responde a tiempo, en realidad, está negando derechos. Y eso, en una democracia, no es ineficiencia: es inaceptable.