La dictadura del chantaje

La libertad de expresión no nació para proteger al chantajista. Nació para proteger la verdad, la crítica legítima y la fiscalización del poder. Por eso toca decirlo: en República Dominicana una parte de la fauna mediática ya no informa. Presiona, insinúa, difama y negocia silencio. Y cuando ese negocio se alimenta con dinero público, ya no es un exceso. Es corrupción.

No todo el que habla en público informa. Ni todo el que acusa investiga. Ni todo el que grita fiscaliza. Hay micrófonos que no buscan esclarecer, sino meter miedo. No les interesa que el país entienda. Les interesa que alguien pague. Su fuerza no está en la prueba, sino en la amenaza. No trabajan con verdad. Trabajan con daño. Si pueden destruir una reputación, la destruyen. Si pueden embarrar una denuncia legítima junto a una mentira, mejor. Así todo huele igual de mal y el ciudadano ya no sabe qué creer.

Ahí empieza una de las formas más dañinas de degradación pública. Una democracia resiste la crítica dura, la sátira incómoda y la prensa feroz. Lo que no resiste sin daño profundo es la conversión de la palabra en instrumento de extorsión. Cuando el micrófono deja de servir a la verdad y empieza a servir al miedo, la libertad no se ensancha. Se pudre.

El problema empeora cuando el propio Estado entra en esa lógica. La publicidad estatal no existe para premiar amigos, comprar verdugos ni sostener operadores del escándalo. Existe para informar sobre obras, servicios, derechos y rendición de cuentas. Para eso se paga. No para financiar aparatos de presión. No para calmar a quienes han hecho del descrédito un negocio.

Sin embargo, eso ocurre. Hay funcionarios con medios favoritos. Hay funcionarios ligados, por delante o por detrás, a plataformas que luego fingen independencia. Hay otros que no pautan para comunicar, sino para que los dejen tranquilos. Pagan para que se olviden ciertos nombramientos. Para que no se recuerden ciertos contratos. Para que el escándalo se mueva a otra mesa. Cuando el dinero del contribuyente se usa para eso, la corrupción deja de ser robo de fondos. Es veneno para la vida pública.

Robar una partida es grave. Comprar voces es peor. El robo vacía una caja. La compra de voces vacía la autoridad. Un gobierno sobrevive a una denuncia. No sobrevive a la costumbre de pagar para que lo dejen en paz. Ahí el poder se envilece, se acostumbra a arrastrarse y termina negociando con quienes debería despreciar.

Nada de esto cayó del cielo. Es el resultado de una disciplina política debilitada. Cuando la política pierde convicción, criterio y carácter, el chantaje gana espacio. Donde no hay autoridad, aparece el ruido. Donde no hay dirección, aparece la propaganda. Donde no hay clase dirigente capaz de sostenerse con hechos, ideas y presencia, aparece la dependencia de quienes viven de incendiar la conversación pública. Y así el poder, en vez de mandar, empieza a mendigar.

Las redes sociales no crearon esta enfermedad. Solo la aceleraron y la premiaron. Pero no nació ahí. Ya estaba entre nosotros: en la publicidad estatal repartida sin criterio, en el miedo a la crítica, en la costumbre de pagar para evitar problemas, en una parte de la comunicación pública convertida en peaje.

Una democracia sana tolera la crítica. Lo que no tolera es que el Estado financie su propia demolición moral. La dictadura del chantaje no necesita tanques. Le basta con micrófonos alquilados, funcionarios cobardes y una clase política que ha confundido gobernar con sobrevivir. Un país se debilita cuando le roban. Empieza a podrirse cuando le compran la voz.