Efectos retardatarios en algunas burocracias

Emprender construcciones en el país para responder a demandas de edificaciones para usos hoteleros, comerciales y habitacionales puede implicar en ciertos niveles del empresariado medio ingresar a un proceso de permisología recargado de tramitaciones dispersas e inconexas a cargo de dos ministerios de estos específicos renglones. Por unas aparentes fallas de coordinaciones institucionales, las cosas no acaban de fluir coherentemente entre las carteras de Turismo y Medio Ambiente, lo que no sería alcanzable por ahora y probablemente tardaría más en serlo por no aparecer todavía en la agenda estatal de las fusiones que en ocasiones han parecido improcedentes.

La dispersión de atenciones oficiales al público es una incoherencia fuera de lugar y absolutamente perjudicial. Aun sin estar integradas operativamente, entre las áreas de las burocracia estatal debe existir un mínimo de funcionalidad cuando, efectivamente, los asuntos que el contribuyente procura conectan con ministerios distintos. El sentido de unidad del sector público debe manifestarse contra el afán en ocasiones de actuar como islas separadas lo que resta eficiencia al Estado, duplica gastos y podría negar uniformidad a los protagonismos de la “cosa pública” y sus fines esenciales.

A partir de una centralización bien llevada, y desde su supremacía, toca al Poder Ejecutivo cohesionar los objetivos y desempeños que deben coincidir en ese aparato gigantesco en nóminas y ejecutorias que es el Estado; más bien mega Estado pues el tamaño de la burocracia dominicana está por encima del promedio en América Latina, una desmesura que en sí mismo no siempre se traduce en gestiones de excelencia. Para muestra está la lenta aprobación de licencias a proyectos de construcción que en algunos casos pone en suspenso hasta por dos años inversiones del sector de las mipymes compuesto por entes valiosos para generar empleos, reducir la pobreza y fomentar la innovación. Obstrucciones que deben ser vencidas dinamizando la Ventanilla Única de la Construcción que opera en el marco del Ministerio de la Vivienda, llamada a integrar para fines de autorizaciones las actividades de las distintas entidades que tienen que ver con este ámbito de la economía.