¿Licencia para desviar fondos de municipios?

Una invitación formal a que los alcaldes y directores de distritos municipales se excedan a discreción y libres de sanciones gestionado los recursos que les aportan los contribuyentes queda implícita en el proyecto que modificaría la ley que rige a los cabildos con lo que, por vías de consecuencia, se acentuaría la desprotección a los habitantes de todas las jurisdicciones urbanas de la república.

El esquema institucional vigente sobre gastos e inversiones a cargo de órganos edilicios ha sido hasta ahora un valladar, que aún vulnerable a astucias zorrinas de incumbentes, fue erigido contra el exceso de gastos personales y corrientes y consagra como prioridad invertir en obras y programas para beneficio directo de quienes votaron por esos señores puestos por ellos al mando de ciudades y pueblos.

Liberarlos de responsabilidades jurídicas muy propias de las funciones y los compromisos contraídos con electorales ha de ir en masivo perjuicio a las comunidades que los honraron con investiduras recibidas bajo juramento de dar prioridad en sus desempeños a las óptimas condiciones de los espacios públicos mercados, parques barriales, vías de tránsito y eliminación de residuos sólidos.

Tomando en cuenta que las asignaciones presupuestales a las jurisdicciones edilicias les llegan mutiladas por la supremacía de los gobiernos centrales que nunca han respetado el tratamiento que la Carta Magna les reserva como porcentaje de las recaudaciones nacionales, quitar la restricción que busca, sobre todo, garantizar la calidad del gasto e inversiones que corresponden a las alcaldías aumentaría la indefensión de las comunidades citadinas.

Ahora es desde el Congreso que se pretende ir en contra de los patrimonios, suficiencias y eficiencias de las gestiones autónomas de comunidades esparcidas por el territorio nacional. Muy a la ligera se restaría efecto preventivo contra las distorsiones administrativas a que habría derecho con alteración a las aplicaciones de recursos en los cabildos. Los dispositivos de ley que ordenan preferencia para sus inversiones pasan a ser letra muerta si violarlos no genera consecuencias legales a tono con el daño que se causará a las colectividades.