Luces y sombras con los ojos en la justicia

A pesar de que en etapas previas el Congreso Nacional puso a disposición del sistema judicial y del Poder Ejecutivo suficientes herramientas para preservar de atentados a los bienes del Estado y el Ministerio Público actúa con un reforzamiento de su independencia desde hace más de un lustro, el envío a los tribunales del expediente que describe un entramado criminal en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que escandaliza a la sociedad, reafirma como débiles los controles preventivos. Buenas intenciones desde la institucionalidad poco corroboradas por los hechos.

La falta de supervisión temprana con exhaustiva vigilancia sobre el discurrir administrativo de la entidad de protección social ha derivado en daños al patrimonio nacional por más de RD$15 mil millones, según cálculos iniciales que hacen abstracción de ramificaciones a cargo de supuestos participantes adicionales a los primeros acusados puestos a disposición de la justicia hacia los que se extiende la investigación, preludio de detalles de más gravedad.

Independientemente de los perjuicios causados a seres humanos: la enajenación de recursos se tradujo en negación de esenciales servicios a la salud de familias de escasos recursos, atribuyéndose a los prevenidos causar indirectamente la muerte de pacientes de enfermedades catastróficas en el transcurso de los últimos años.

En el balance anual de las acciones dirigidas a castigar hurtos al erario la sociedad civil acaba de destacar la necesidad de que las autoridades dominicanas lleguen más allá de los discursos contra la corrupción para sostener procesos judiciales oportunos luego de alcanzar reformas estructurales profundas, transparentes y efectivas.

Se destaca además una gran deuda con la sociedad: solo uno de los grandes expedientes contra la corrupción atribuida a gestiones de Estado anteriores a la presente se completó en juicio de fondo por un desfalco de RD$4.796 millones con admisión de culpa por los autores y un pírrico retorno al erario de los millonarios valores sustraídos desde la condición de proveedores que llegaron a serlos por escandaloso tráfico de influencia y privilegios del poder. Otros seis encausamientos por alegadas enajenaciones mayores están estancados por incidentes procesales que siguen haciendo triunfar a la impunidad.