Monstruo de dos ruedas que escapa a controles

Las motocicletas son un recurso legítimo y de aceptación social y legal para el esencial fin de desplazarse siempre que se respete al prójimo. Lo malo ha venido siendo que utilizarlas sin agredir la convivencia y sin que se les emplee como veloz medio para llevar caos a las vías de tránsito se ha convertido en una excepción a las reglas, en un comportamiento cívico minoritario en paralelo desastroso con miles y miles de congéneres de conducción desaforada que en sus últimas manifestaciones de anarquía aparecen apandillados para la violencia criminal que de un zarpazo acabó con la vida de un humilde chofer del servicio de limpieza urbana de Santiago.

La peor de las noticias posteriores a este hecho que encendió la indignación ciudadana es la de percibir una prolongada indolencia de autoridades citadinas –y principalmente las nacionales- que llegaron al colmo de condescender con fines electoreros halagando a trullas de motociclistas caracterizadas por la informalidad y la desobediencia y que ya muestran notable capacidad y vocación para agredir al orden público. Harto difícil resulta separar a justos de pecadores en la circulación vial ahora que este mal –alentado y dejado crecer por el poder y la subordinación a lo partidario- solo podría ser contenido con una inimaginable y masiva drasticidad persecutoria. El monstruoso creció y la soga para amarrarlo está en manos con historial de debilidad. La anarquía parece a sus anchas en las calles.

Lo primero es que el país está inundado de motocicletas ingresadas al territorio nacional al margen de controles de importación y aduanas, organismos que no suelen actuar con minuciosa eficacia y que pasaron a ser operadas por hordas de indocumentados: sin licencias para conducir, sin pólizas de seguros y sin capacidad de salir a las calles dotados de papeles de buena conducta. Infiltrarse como masa informe al tránsito convencional pero desde la condición de enemigos de la seguridad ciudadana ha sido fácil. Muy a sus anchas y superando escandalosamente la capacidad del Estado de someterlos a la ley por demostradas ineficiencias institucionales de pésimos resultados.