La muerte de Stephora y el vacío de prevenciones

Demandar de autoridades una reacción condigna a la infausta suerte corrida por la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph es lo que corresponde para quienes por acción u omisión durante la excursión escolar que auspiciaban la llevaron a la muerte. Necesario establecer si existen regulaciones de orden administrativo (de prevención y sanción) que protejan a la sociedad de que los centros escolares, públicos y privados se abstengan, advertidos de que habría duras consecuencias , de inventar con trágicas consecuencias paseos extracurriculares en los que la niñez escolar pueda correr peligros para la vida.

Si todavía, a casi un mes de que sobreviniera lo fatalidad, se desconoce el resultado de las investigaciones de las autoridades correspondientes con detalles de antecedentes, circunstancias hasta el momento en el que la menor dejó de vivir, se deduce una absoluta ausencia de supervisión magisterial sobre aquel viaje a la desgracia de un frágil colectivo infantil llevado a una hacienda de características desconocidas.

Igual se desconoce si la dirección del plantel Da Vinci asignó la gira a miembros del personal docente de suficiente competencia para proteger la integridad física de quienes por razones de edad e inmadurez, difícilmente se podían cuidar por sí mismos. Indefensión completa.

No extrañaría que institucionalmente carezca el país de un marco regulatorio con fijación de responsabilidad ante la ley para que en todo momento, fuera o dentro de las sedes de enseñanza, los alumnos estén libres de peligros generados por negligencias o expuestos a riesgos de cualquier naturaleza que persistan donde tengan presencia por ineptitud de quienes rigen planteles y las actividades conexas fuera de las aulas.

Si en última instancia, al sistema escolar está desprovisto de normativas de seguridad de ineludible aplicación por imprevisiones de las autoridades supremas del ámbito educativo, cabe recordar que el Estado está obligado a reparar los perjuicios a ciudadanos que se deriven del incumplimiento de los deberes de sus funcionarios contra los que el poder debe reservarse contundente facultades para sancionar.