Por una PN que aprese más y mate menos

Bajo un verdadero Estado de derecho los cuerpos policiales están llamados a monopolizar -en un marco de legitimidad y regulaciones efectivas- la aplicación de la violencia para garantizar la seguridad ciudadana y la oportuna función de los tribunales contra la criminalidad en un país en el que no existe la pena de muerte como es este. Las ejecuciones extrajudiciales, informadas de ordinario como “inevitables duelos callejeros con delincuentes”, y que el año pasado resultaron estremecedoras, suelen dar tregua cuando la letalidad de agentes fuera de control escandaliza a la sociedad con alto número de víctimas en una sola arremetida como ocurrió en una reciente matanza en la provincia de Santiago; o cuando un nuevo jefe de la institución inaugura su mandato con verbo apaciguado y de compromiso con el respeto a la integridad ciudadana y a la preservación de la paz. A tiempo vuelven a comunicarse los excesos con el uso de metralla como “actos de defensa” propia de los actuantes “en nombre de la ley” como si la oficialidad de turno no se diera cuenta de que sigue apelando a una narrativa desgastada a la que la población no suele dar crédito.

Una recurrencia de comportamientos mortales alentada porque a la opinión pública le cuesta mucho esfuerzo lograr que algún fiscal de jurisdicción cumpla con su obligación de investigar los homicidios que se cometan incluyendo aquellos infligidos bajo insignias policiales en vez de limitarse a aceptar lo que digan los jefes de los homicidas. La indolencia en ese sentido ha hecho horizonte aunque el corte masivo de vidas de personas que esperaban a que les cortaran el pelo (y no la existencia) en una barbería del lugar llamado La Barranquita hizo salir de su usual pasividad ante esos casos al mando supremo del Ministerio Público. Se ordenó demoradamente una investigación de los hechos ocurridos en septiembre del 2025 pendiente de resultados todavía; reclamada con vehemencia y pesar por familiares de algunas de las víctimas reconocidas como respetuosos de la ley y libres de indicios de haber participado alguna vez en actividades delictivas.